La Corte Suprema de Brasil decidió hoy postergar la discusión sobre el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro del gobierno de Dilma Rousseff, anunciado en marzo pasado y suspendido por una medida cautelar.

Teori Zavascki, uno de los once magistrados del tribunal, propuso dejar la discusión para otra fecha, debido a que tiene en sus manos denuncias contra Lula sobre las que la corte aún no se ha pronunciado, lo que fue respaldado por los otros jueces.

De ese modo, Lula continuará sin saber si podrá asumir como ministro de la Presidencia en el gobierno de Rousseff, quien está bajo una serie amenaza de ser sometida a un juicio con miras a su destitución.

Lula fue nombrado ministro de la Presidencia el pasado 16 de marzo y llegó a asumir el cargo un día después, pero un terremoto político y una catarata de medidas cautelares dejaron sin efecto su nombramiento y su posterior investidura.

El mismo día que fue designado, el juez Sergio Moro, a cargo de las corruptelas en la estatal Petrobras y que investigaba a Lula, difundió un polémico audio de una conversación autorizada por la justicia, en la que Rousseff sugería que su nombramiento buscaba ayudar a blindarle ante la justicia con un fuero privilegiado.

En la conversación, Rousseff le decía a Lula que le envió con un mensajero el acta de su nombramiento para que la usara "en caso de necesidad".

Eso fue interpretado como un intento de evitar cualquier acción del tribunal a cargo de Moro antes de que Lula obtuviera el fuero privilegiado que le otorgaría su condición de ministro.

Tanto Lula como la propia Rousseff condenaron la grabación y su difusión, pero una vez que se hizo público su contenido decenas de jueces de primera instancia dictaron medidas cautelares objetando el nombramiento del expresidente como ministro.

El Supremo tenía previsto pronunciarse hoy sobre el asunto, pero las dudas planteadas por el magistrado Zavascki han postergado la decisión para una fecha que será definida próximamente por la corte.

La suspensión fue acordada en momentos en que Rousseff parece más próxima a responder a un juicio con miras a su destitución, que en caso de ser instaurado supondría, en principio, que sea separada del cargo durante los 180 días que duraría el proceso.

El asunto está en manos del Senado, que dentro de unas dos semanas deberá decidir si el juicio es efectivamente abierto.

En ese caso, Rousseff sería separada del cargo durante los seis meses que pudiera durar el proceso y debería ser sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien en caso de su destitución completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019.

 

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