El gobierno italiano prometió este jueves ejecutar un plan de prevención para mitigar los efectos de los sismos en el país, tras el último movimiento telúrico que dejó al menos 250 muertos, 365 heridos y localidades arrasadas, mientras la población seguía en vilo por las réplicas.

El día después de la tragedia, entre la desolación y la sorpresa, surgen numerosas preguntas sobre el alto precio que paga Italia por la calidad de las construcciones y sus normas antisísmicas, acusadas de ser ineficaces o inaplicables.

El balance de muertos ha subido a 250, de los cuales 193 murieron en la pequeña localidad de Amatrice, entre ellos numerosos niños que pasaban vacaciones con los abuelos.

"La situación es mucho peor que en una guerra, mi hermana no merecía una muerte así", dijo entre lágrimas Rita Rosine, una superviviente de 63 años, que perdió a su hermana de 75 años, sepultada bajo los escombros de su vivienda, de la que no quedó nada.

La historia de una escuela, apenas remodelada para cumplir con las normas antisísmicas, que se derrumbó como un castillo de naipes, conmocionó al país. La justicia anunció que abrió una investigación.

Según el último informe de la Protección Civil, 365 heridos, entre ellos varios graves, han sido hospitalizados, mientras 215 personas han sido extraídas vivas de los escombros.

Los efectos del sismo han revivido la recuerdos del terremoto de L'Acquila, en 2009, cuando más 300 personas perdieron la vida.

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, anunció el lanzamiento de un plan bautizado como "Casa Italia", destinado a hacer de la prevención el eje de la acción del gobierno.

"Italia tiene que tener una visión que no se limite a la gestión de situaciones de urgencia", expuso a la prensa tras un consejo de ministros.

Renzi reconoció durante la jornada las enormes dificultades para proteger tantos pueblos y ciudades con valiosos centros históricos, construidos hace siglos.

"Será necesario realizar un trabajo serio y continuo", prometió Renzi, quien espera evitar los errores cometidos tras el terremoto de L'Acquila, cuya controvertida reconstrucción se convirtió en un negocio lucrativo para muchos y varios de cuyos magníficos monumentos yacen aún colapsados.

El gobierno decretó estado de emergencia y desbloqueó un primer fondo de 50 millones de euros para la catástrofe.

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