El Supremo Tribunal federal emitió en la noche del martes una medida cautelar por la que congeló, debido a supuestas irregularidades en su formación, la comisión especial que acababa de nacer en una convulsa sesión en el Congreso donde hubo discusiones, tumultos, conatos de peleas entre legisladores y hasta urnas quebradas.

La medida, solicitada por el PCdoB (Partido Comunista, base aliada del gobierno), pone el proceso de destitución contra Rousseff en pausa hasta el próximo miércoles, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) se reunirá en pleno para analizar la validez de los pasos tomados hasta ahora.

En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, el ministro del STF Edson Fachin solicita igualmente al presidente de la Cámara de Diputados, el ultraconservador y archienemigo de Rousseff Eduardo Cunha, que aporte más información sobre la polémica formación de la comisión.

En un duro golpe que la dejaba aún más aislada, Rousseff había observado durante la tarde cómo una lista formada por opositores y disidentes de partidos aliados como el centrista PMDB obtenía 272 votos, mientras que la promovida por sus socios fieles se quedaba en 199. Una mayoría opositora de 39 diputados en un total de 65 iban a integrar la comisión.

Pero la decisión de Cunha de recurrir al voto secreto para elegir a los miembros del órgano, que aumentó todavía más la tensión entre los legisladores, fundamentó la queja del PCdoB, que alegó diferentes irregularidades para solicitar al STF la suspensión de la comisión.

"La Corte entendió que las alegaciones son relevantes. Está en riesgo que todo lo que fue hecho termine siendo nulo. Entonces, (el STF) suspende todos los trabajos de la comisión hasta el 16 de diciembre", afirmó a la AFP Ademar Borges, abogado del PCdoB, tras conocer la medida.

La comisión del Congreso debe recibir los descargos de Rousseff a las acusaciones de malas prácticas presupuestales formuladas por tres abogados. Luego, por decisión mayoritaria, debe resolver si recomienda al plenario rechazar el caso o proseguirlo.

De retomarse más tarde el proceso, el avance del impeachment requerirá el apoyo de dos tercios (342 diputados) del plenario de la Cámara. Al oficialismo le bastan 172 diputados para frenarlo.

La presidenta, que cuenta con apenas 10% de popularidad, es acusada de maquillar las cuentas públicas en 2014 y 2015 y de autorizar gastos públicos por decreto sin previa autorización del Congreso.

- "Decorativo" -

Rousseff ya había sufrido un duro golpe en la madrugada del martes con la carta de su vicepresidente Michel Temer y líder del mayor partido de la coalición de gobierno, el poderoso PMDB, en la que afirmó que la mandataria le trató como "un vicepresidente decorativo" y nunca confió en él.

Temer, un abogado constitucionalista de 75 años que debe reemplazar a Rousseff en caso de que sea apartada del cargo, sostuvo asimismo que la admisión del impeachment promovido por tres abogados tiene sustento legal.

La presidenta, de su lado, asegura que el proceso de destitución es improcedente y dice ser víctima de "un golpe" a 11 meses de haber iniciado su segundo mandato.

En el mismo sentido se manifestaron este martes dieciséis gobernadores de un total de 27, que declararon su apoyo a Rousseff.

"El mecanismo de impeachment (...) es un recurso de extrema gravedad que solo debe ser empleado cuando hay una comprobación clara e incuestionable de actos practicados con dolo por el jefe de Gobierno que atenten contra la Constitución", argumentaron en un comunicado divulgado por la Presidencia.

El procedimiento de impeachment contra la presidenta "carece de esta fundamentación", añadieron.

- Recesión -

Antes de conocerse la suspensión de la comisión, el diputado Silvio Costa, afín al gobierno, aseguró que "esta es la oposición más irresponsable en la historia de Brasil" y estimó que los 199 votos conseguidos por la lista pro-gobierno, superiores a los 172 que Rousseff precisa para archivar el proceso en el pleno de la Cámara baja, "están probando que no habrá impeachment, porque ahí la votación será abierta" y no secreta.

Carlos Sampaio, el líder de los diputados del opositor PSDB, celebró no obstante el triunfo de la lista alternativa. "Esta comisión tiene representantes de Brasil, personas que representan el sentimiento de la nación, no que representan al gobierno de la presidenta Dilma", festejó.

El gigante sudamericano enfrenta su peor recesión en décadas y el largo proceso del impeachment puede paralizar el país y agravar la situación económica.

Rousseff quiere que el Congreso suspenda el receso estival -fijado desde el 23 de diciembre hasta febrero- para resolver el tema lo más rápido posible y evitar así que crezca la insatisfacción popular tras el fin de las fiestas y las vacaciones.

Los partidarios del juicio político calculan que en plena recesión, pérdidas de empleo, inflación en aumento y escándalos de corrupción que no paran de ser investigados, la opinión pública posiblemente se volcará a las calles y terminará presionando a los legisladores a pronunciarse contra la mandataria.

 

PUB/IA