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Un estudio a la contabilidad de SQM realizado por un estudio de abogados norteamericanos determinó un “mapa” de pagos de la minera no metálica a Personas Políticamente Expuestas (PEP) e incluso, según las normas estadounidenses, también determinó que algunos depósitos se habrían realizado con el objetivo de inducir a funcionarios públicos a ayudar a la empresa desde sus puestos.
Según informa La Tercera, el bufete de abogados Shearman y Sterling hicieron un estudio a la contabilidad de la empresa, apoyados en el estudio chileno Grupo Vial/Serrano y en la multinacional de servicios forences FTI Consulting. Considerando un universo de 3,5 millones de documentos, se analizaron 930 mil de ellos y se entrevistaron a 24 personas ligadas a la empresa.
El estudio parte analizando las tres rectificaciones tributarias que hizo SQM al Servicio de Impuestos Internos, las que en total sumaban $7.129 millones en los seis años. Estas diligencias sumaron 1.425 pagos corregidos y 233 proveedores únicos enmendados y, en 2009, se alcanzó un peak de estas diligencias, coincidiendo así con las elecciones presidenciales de 2009 y las municipales de 2012.
En las rectificaciones se identificó a 20 de los proveedores más mencionados. De esos, los primeros 10 están vinculadas a personas como Luis Saldías, asesor de Julio Ponce; Cristán Warner, cercano a Marco Enríquez-Ominami; Sebastián Piñera; Giorgio Martelli, cercano a la Nueva Mayoría; Cristina Bitar; Marcelo Rozas; Carlos Ominami y Pablo Longuera.
El segundo bloque, los que se ubican entre los 10 a 20 de la lista, menciona nombres como Claudio Eguiluz, Marcelo Rozas, Adolfo Zaldívar y Andrés Allamand.
La mayoría de estas rectificaciones -un 96,81%- fueron aprobadas por Patricio Contesse, ex gerente de la minera quien se negó a ser entrevistado por los consultores norteamericanos.
Por otra parte, para el análisis forense, FTI analizó pagos a 16.906 proveedores que se vincularon con SQM desde 2008 y tras comprobar algunas de sus labores, se limitó el número a 515. De esas, 236 tuvieron una revisión prioritaria y allí se pudo identificar que hay al menos 156 vinculadas con PEP. Tras esa reducción, se llegó a los pagos a 26 políticos asociados y a 67 proveedores, con pagos de $5,8 millones de dólares.
Según las leyes chilenas, la empresa efectivamente pudo haber entregado dineros sin la necesidad de buscar que los funcionarios públicos actuaran a su favor desde sus puestos. No obstante, el bufete de abogados hizo la investigación bajo el marco de la Foreing Corrupt Practices Act (FCPA) y ahí comprobó que algunos pagos pudieron haber generado beneficios a SQM tras viciar a los funcionarios.
Bajo ese prisma, se identificó que hubo pagos a políticos y candidatos políticos de varios partidos chilenos pero el que encabezó la lista fue la UDI, con más de 50 dirigentes, candidatos y otros líderes. De hecho, se especifica que 4 de ellos fueron candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos fueron ministros de la administración de Sebastián Piñera.
Según el estudio, la UDI suma un 45% de estos pagos. En tanto RN recibió 11% de los pagos y la misma cifra le llegó a la DC. El 10% fue para el PRI, el 8% fue al PS, el 7% al PRSD y el 3% al PPD.
LOS NOMBRES
El informe detalla 10 nombres sobre emisores de boletas. En ellas, el primer caso analizado es de Pablo Wagner, le sigue Fulvio Rossi, Jaime Orpis y Pablo Longuiera.
También se analiza a Roberto León, Marcelo Rozas, Luis Saldías, Roberto Guzmán, Giorgio Martelli y Cristián Warner.
Finalmente, se indica que la empresa también tuvo vínculos con Guido Girardi a través de un llamado que se hizo al senador mediante un correo electrónico.
PUB/JLM
