Durante el año 2010, el entonces Gobierno de Sebastián Piñera trabajó en una política para incorporar la educación sexual a la educación escolar. Bajo el concepto de “garantizar el pluralismo y la libre elección sobre estas materias” se desarrollaron siete programas (laicos y religiosos), donde los establecimientos educacionales podían escoger a cual acogerse de acuerdo a sus propias convicciones y creencias.

Previo a dicho trabajo, el anterior gobierno de Michelle Bachelet, entre 2005 y 2010, puso en marcha el “Plan de Acción de Educación en Sexualidad y Afectividad”, a través del cual capacitaron a más de quince mil docentes y asistentes de la educación del sistema público.

Según plantea el informe “Educación sexual en Chile: Pluralismo y libertad de elección que esconde una propuesta gubernamental conservadora”, publicado el año 2010 por la Universidad de Chile, ambos planes (tanto el del 2005, como el del 2010), buscaban responder a un debate pendiente. “Desde el retorno a la democracia en los noventa, la educación sexual basada en el contexto escolar ha sido un tema de controversia en la sociedad chilena (…) los fundamentos éticos y técnicos que debieran orientar su diseño no han sido suficientemente debatidos ni analizados”, destaca de manera introductoria el documento.

Leyes relacionadas

En enero del 2010 fue promulgada la ley 20.418 sobre “Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad”. Esta ley hizo obligatoria la educación sexual en la enseñanza media, señalando en su Artículo 1º, que “Este derecho comprende el de recibir libremente, de acuerdo a sus creencias o formación, orientaciones para la vida afectiva y sexual”.

A continuación agrega que “Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales reconocidos por el estado deberán incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados”. 

Si bien en esta ley se habla de recibir libremente información, considerando creencias y convicciones del establecimientos y padres y apoderados, se criticaba que no abordaba la diversidad sexual y se centraba, tal como se señala en su título en la regulación de fertilidad, posible sólo en una relación heterosexual.

No fue sino hasta la promulgación de la conocida “Ley Zamudio” (20.609), que desde el parlamento se abordó la discriminación, entre otras razones, por sexo, orientación sexual e identidad de género. Esto golpeó a la política de los siete planes impulsados por el ministro de educación de aquella época, Joaquín Lavín, ya que al poco tiempo de promulgada la “ley Zamudio” el diario electrónico “El Dínamo” informó que el programa de educación sexual impulsado por la Universidad San Sebastián (parte de los siete del plan de gobierno) definía a “la homosexualidad y el lesbianismo como trastornos de la identidad sexual”.

El gobierno de ese entonces, a través del ministro Harald Beyer reconoció que el programa tenía un error declarando que “la homosexualidad y el lesbianismo no son un trastorno”. Respecto a este capítulo de la discusión sobre educación sexual en los últimos años, el citado informe de la Universidad de Chile señala que “lo que sucedió muestra la dificultad de situar enteramente la definición de principios y fundamentos en los programas”.

¿Familia o Estado?

Entre las reacciones que el libro “100 Preguntas sobre sexualidad adolescente” se ha posicionado la duda respecto a quién debiese estar a cargo de esta arista de la educación, si el Estado o la familia. El senador Ossandón consideró que para entregar este libro hay que consultar a los padres, que pueden tal vez no compartir el contenido y la forma en que éste enseña educación sexual, a lo que la alcaldesa Carolina Tohá respondió que sí se le consultó a los padres. Sin embargo, ella no señala cuándo se realizó esta consulta, ni que porcentaje de los padres y apoderados de la comuna de Santiago participaron. El libro, no hace alusión alguna a esta participación en la descripción de los equipos que trabajaron el contenido.

El informe “Educación sexual en Chile: Pluralismo y libertad de elección que esconde una propuesta gubernamental conservadora”, señala que “ni el Estado carece de principios, ni los padres y madres pueden ser consebidos como estructuralmente conservadores en materias de valores sexuales” y destaca que esta discusión ha sido “uno de los grandes temas valóricos de la agenda nacional (…) donde es razonable dudar sobre la posibilidad de que una definición gubernamental pueda asegurar el pluralismo”.