Reclutamiento forzado de adolescentes para convertirlos en sicarios. Pueblos arrasados por completo. Cientos de personas incineradas.
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Es el camino que, durante al menos seis años, el cartel de narcotráfico de Los Zetas siguió para controlar la vida de cientos de miles de personas en Coahuila, en el noroeste de México.
En tres juicios realizados en tribunales de Texas, Estados Unidos, exintegrantes de la organización revelaron detalles de masacres, sobornos a policías, alcaldes y funcionarios de dos gobiernos estatales.
Los Zetas, señalaron los testigos, controlaron varias cárceles del estado e incluso en una de ellas, la de Piedras Negras, incineraron a por lo menos 150 adversarios.
Entre 2007 y 2013, en Coahuila hubo asesinatos atroces. Cientos de personas fueron despojadas de sus propiedades. Un número desconocido de adolescentes fueron forzados a convertirse en sicarios y más de 1.600 personas desaparecieron.
El resultado: una de las peores épocas de violencia de su historia. Las consecuencias aún siguen vivas.
«Fue un infierno pero todavía lo padecemos día a día, noche a noche», le dice a BBC Mundo María Elena Salazar, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC).
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Hace ocho años desapareció su hijo Hugo Marcelino González en Torreón, la ciudad más próspera de Coahuila. Desde entonces no hay noticias de su paradero. Fue una de las víctimas de la invasión que Los Zetas emprendían en el estado. «Mi hijo desapareció justo en ese tiempo, durante esa ola de violencia», recuerda.
Información clave
La construcción del infierno en ese estado mexicano que revelan los testimonios en los tribunales texanas, se reúne en el informe «Control…. Sobre Todo el Estado de Coahuila» presentado este lunes en Ciudad de México.
Fue realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila.
El documento analiza los juicios contra exintegrantes de Los Zetas en las cortes de Austin, San Antonio y Del Río, Texas. Los procesos se realizaron entre 2013 y 2016. A los detenidos se les acusó de asesinato, conspiración para importar drogas y armas, así como de lavado de dinero.
Todos los acusados recibieron sentencia. Pero lo más valioso, dice el informe, es que los interrogatorios permitieron conocer la forma cómo el cartel, uno de los más violentos de América Latina, estableció un control casi total en varias regiones del estado.
Y un dato poco conocido: en los juicios surgieron datos sobre personas desaparecidas, algunas incluso desde hace varios años.
Es información que puede ayudar a resolver muchos casos, le dice a BBC Mundo Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos.
«El gobierno de Estados Unidos tiene información que debería compartir al gobierno mexicano y a organismos independientes de la sociedad civil», subraya. «Permitirían esclarecer violaciones a derechos humanos», especialmente casos de personas desaparecidas.
Policías cómplices
El mayor control de Los Zetas se realizó en municipios vecinos a la frontera con Estados Unidos. Y para conseguirlo, refieren los testigos en los juicios, compraron el apoyo de las policías municipales, del gobierno estatal y algunas del orden federal.
Un ejemplo del control territorial que consiguieron fue la cacería de un excolaborador identificado como «El Tucán», a quien acusaron de colaborar con la Secretaría de Marina.
A mediados de 2012, señala el testigo Saúl Fernández en el juicio realizado en San Antonio, el cartel estableció retenes en cada calle de Piedras Negras, y revisaron a todas las personas que entraban o salían de la ciudad.
Y todo en presencia de la policía local. Cuando se preguntó Fernández que hicieron los agentes, Fernández respondió: «Bueno, actuaban como que no estaba pasando nada».
También establecieron una red privada de comunicaciones, con cientos de antenas retransmisoras en edificios, locales comerciales o en los cerros cercanos.
A los únicos a quienes temía el cartel era a los marinos, señala el testimonio. Y para evadirlos los jefes del grupo utilizaban helicópteros oficiales, asegura el testigo Rodrigo Uribe Tapia en el juicio de San Antonio.
Además de la colaboración policíaca el grupo consiguió el apoyo de políticos locales, e incluso a algunos les financiaron sus campañas electorales.
A cambio de este apoyo Los Zetas obtenían protección policíaca, pero también contratos para obras públicas, no sólo en municipios o el estado sino con empresas federales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad.
Algunos se asignaron a la empresa ADT Petroservicios encabezada por Francisco Colorado Cesa, «Pancho», quien fue sentenciado en uno de los juicios de Texas. Pero también crearon decenas de negocios, e incluso los testimonios refieren que controlaron centros comerciales enteros en Piedras Negras.
Esos lugares se utilizaron como casas de seguridad o sitios para intercambiar dinero, drogas y armas. Otro refugio para los miembros del cartel fueron las prisiones que en algunos casos, como la cárcel de Piedras Negras, se utilizaron sólo como dormitorios.
Po ejemplo, el testigo Uribe cuenta que, durante el día, miembros de Los Zetas que eran reclusos podían salir y entrar de la cárcel sin problemas.
Hachas para asesinar
Pero además de la colaboración de autoridades, la manera más efectiva de controlar parte de Coahuila fue el terror. El caso más conocido fue el asesinato de 300 personas en el pueblo de Allende, entre marzo y abril de 2011. Muchas de las víctimas fueron incineradas en el lugar.
- México: así ocurrió la brutal y olvidada masacre de Allende, una de las más sangrientas de Los Zetas
Fue una serie de ataques en venganza porque algunos exintegrantes del cartel empezaron a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. De la masacre nada se supo durante varios años, y aún ahora no se conoce por completo lo que sucedió.
«Muchas muertes. (Los Zetas) incluso comenzaron a matar a familiares en Allende, y Piedras Negras, y Músquiz y Sabinas. También me querían matar a mí», declaró el testigo Héctor Moreno.
La forma como asesinaban a sus víctimas era atroz, señalan los testigos. A varios los desmembraron vivos con un hacha, el primer golpe en una de las rodillas.
Muchas veces las personas asesinadas eran inocentes. Eran sentenciadas a muerte por la simple sospecha de que colaboraban con los rivales o las autoridades.
Eso ocurrió con cuatro niños que vendían periódicos en Piedras Negras. El responsable de la masacre fue Marciano Millán Vázquez, conocido como “Chano” y uno de los principales jefes del cartel en la región.
Los restos de las víctimas generalmente eran incinerados o deshechos en ácido. Los Zetas llaman a este método «cocinar».
«Es muy triste, muy triste»
Los Zetas ya no mantienen un control total de Coahuila como el que se documentó en los juicios en Texas. El cartel es uno de los más afectados por el combate de las autoridades. Prácticamente todos sus fundadores, exmilitares de élite, murieron o están detenidos.
La organización solo tiene presencia en una parte de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Tabasco. Antes controlaban el tráfico de drogas, secuestros de migrantes y extorsión a empresarios en diez de los 32 estados de México.
Pero la huella que dejaron en su cuartel general, la zona norte de Coahuila, no se borra. Sobre todo para las familias de personas desaparecidas.
«Es muy triste, muy triste y doloroso para nosotros», dice Salazar, «no se valen las respuestas que tenemos, lo que nosotros pedimos y exigimos es que busquen vidas. No son cosas, no son objetos. Son miles de vidas».
