El Tribunal Supremo de España ordenó este jueves prisión eludible bajo fianza de Carme Forcadell, presidenta del disuelto Parlamento autónomo catalán y destacada dirigente independentista.
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El juez resolvió que Forcadell, que al igual que otros altos cargos independentistas de Cataluña está acusada de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, podrá eludir la cárcel si deposita 150.000 euros (US$175.000) como fianza.
Además de Forcadell, la Fiscalía había pedido también que fueran encarcelados los diputados independentistas Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó.
A todos ellos se les acusa de haber facilitado con sus votos en la cámara regional la declaración de independencia, considerada ilegal por las autoridades estatales por contravenir la Constitución Española e ignorar varias resoluciones del Tribunal Constitucional.
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Bajo la presidencia de Forcadell, el Legislativo catalán aprobó el 27 de octubre pasado una resolución por la que se declaraba la independencia de Cataluña.
Según fuentes presentes en la vista citadas por la Agencia Efe, Forcadell dijo al juez Pablo Llarena que la declaración de independencia no tenía efecto jurídico alguno, sino tan solo un carácter simbólico.
Forcadell también acató explícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, medida excepcional impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, para la que obtuvo el visto bueno del Senado.
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El 155 facultó a Rajoy para destituir al gobierno catalán, disolver el Parlament y convocar elecciones en la comunidad autónoma, medidas con las que el ejecutivo de Madrid espera resolver la crisis política abierta por el conato de secesión de Cataluña.
Puigdemont sigue en Bruselas
España vive en tensión desde que el pasado 1 de octubre, el gobierno regional catalán llevara a cabo un referéndum de autodeterminación declarado ilegal por los tribunales.
En medio de los intentos de la Policía Nacional y la Guardia Civil por impedir que se llevara a cabo la votación prohibida, se produjeron escenas de violencia que tuvieron repercusión mundial y suscitaron gran indignación en Cataluña.
El entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, consideró que el resultado de la jornada legitimaba la declaración de independencia de Cataluña, aprobada finalmente por el Parlamento autónomo, pero no reconocida por Madrid.
El presidente Rajoy recabó entonces en el Senado, donde su Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, el apoyo para las medidas excepcionales del artículo 155.
Poco después, la Audiencia Nacional española inició una sucesión de detenciones y encarcelamientos de los principales dirigentes del movimiento independentista.
Sucesión de encarcelamientos
Los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de las organizaciones denominadas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, fueron los primeros en entrar en la cárcel.
Más tarde lo serían los miembros del gobierno de Puigdemont. Este y cuatro de sus consejeros se marcharon a Bélgica, donde esperan que un juez resuelva la solicitud de extradición enviada por España.
Puigdemont mantiene desde allí lo que ha denominado "gobierno catalán en el exilio" y acusa a la justicia española de estar politizada.
