¿Hay una persecución política contra el kirchnerismo en Argentina, como denuncia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

En Argentina circula hace días un meme que muestra lo que aparenta ser una página de un álbum de figuritas.

Allí aparecen en recuadros pequeños las imágenes de 16 referentes emblemáticos del kirchnerismo, la fuerza política que gobernó el país entre 2003 y 2015.

Siete de los rostros están tachados con cruces. La imagen está acompañada de una frase: "Estoy ansioso de llenar el álbum".

El meme hace referencia a la seguidilla de exdirigentes "K" -como se les llama aquí- que están en prisión, acusados de delitos de corrupción.

El último arresto fue el del exvicepresidente Amado Boudou (2011-2015), detenido el 3 de noviembre pasado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Los números son elocuentes: además de los siete "tachados" en el álbum (entre ellos dos exministros) desde 2016 otros ocho referentes del kirchnerismo han sido detenidos.

Todos ellos cumplen prisión preventiva, ya que aún no han sido juzgados, y todos niegan los cargos en su contra.

Larga lista

Pero estas 15 detenciones son sólo la punta del iceberg. Hay muchísimos más exfuncionarios K que enfrentan causas judiciales.

Incluso dirigentes kirchneristas que aún están en actividad se han visto acorralados por demandas legales. Un ejemplo es el de la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó -procesada en un caso por supuesta administración fraudulenta-, quien anunció que renunciará a su cargo a fin de año.

La líder del movimiento no escapa a este fenómeno: Cristina Fernández de Kirchner, mandataria entre 2007 y 2015, quien en estos días visita frecuentemente los juzgados federales en Buenos Aires por estar procesada en tres causas.

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Sus hijos, Máximo y Florencia, también son investigados y fueron llamados a declarar esta semana.

Los delitos que se le imputan a la exjefa de Estado son la asociación ilícita, el lavado de dinero, las negociaciones incompatibles con la función pública y el otorgamiento irregular de obra pública.

Algunos de los exfuncionarios K arrestados fueron detenidos por estas mismas causas. No obstante, hasta ahora la Justicia no ha pedido la prisión preventiva de la expresidenta.

Para Kirchner -elegida senadora en octubre pasado- está claro que ella y los otros exdirigentes kirchneristas son blanco de una "persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri contra opositores".

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Así lo ha afirmado una y otra vez en entrevistas y a través de sus cuentas en Facebook y Twitter.

Según Kirchner, su sucesor ha montado un "show mediático" con las detenciones y las causas judiciales para "amedrentar a la dirigencia política" y para "distraer la atención de la sociedad argentina" del fuerte "ajuste" económico que realiza.

"Show mediático"

Es difícil negar que los arrestos se han convertido en un "show": la reciente detención del exministro de Planificación y mano derecha de los Kirchner, Julio De Vido, fue seguida paso a paso por los medios locales.

Incluso antes de que se ordenara su arresto los noticieros estaban a la caza del exfuncionario, con titulares que preguntaban "¿Dónde está Julio De Vido?".

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También la detención de más alto perfil hasta el momento, la del exvicepresidente Boudou, pudo verse en las redes sociales en todo su escabroso detalle luego de que alguien filtrara un video del momento en que el ex funcionario de alto nivel era arrestado, descalzo y recién levantado de la cama.

Y es innegable que muchos de los simpatizantes del gobierno están gozando de la situación. Alcanza con ver la cantidad de memes y bromas que circulan por internet y otros medios tras cada detención kirchnerista. Por lo general son mensajes con una fuerte connotación revanchista.

Tanto De Vido como Boudou fueron arrestados días después de que la coalición gobernante, Cambiemos, se adjudicara una victoria electoral de medio término, y de ambos lados de la "grieta" que divide a kirchneristas y macristas se sostiene lo mismo: que el fortalecimiento del gobierno ha hecho avanzar las denuncias judiciales.

Pero mientras que los "K" lo consideran una persecución, desde el gobierno aseguran que las investigaciones son una señal de que la Justicia finalmente está actuando con total independencia, tras años de estar -según afirman- sometida por el poder político.