Se trata de una situación completamente inédita.
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Este miércoles los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Nunca antes desde la entrada en funciones de ese tribunal con sede en La Haya (Holanda) en 2002, se había dado el caso de que Estados parte del Estatuto de Roma, la norma internacional que creó la CPI, pidieran abrir un procedimiento contra otro estado miembro.
"Lo novedoso de este proceso es que quienes hacen la denuncia son jefes de Estado y de gobierno, porque los casos anteriores obedecieron al trabajo de documentación de organizaciones de derechos humanos que los llevaron ante la Fiscalía de la CPI", explica Juan Navarrete, exrepresentante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en conversación con BBC Mundo.
El experto destaca que, a diferencia de los casos que se procesan a través de otros organismos como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los juicios que se procesan ante la CPI la responsabilidad no es del Estado sino individual.
"Aunque se habla de la denuncia contra Venezuela, no se va contra el Estado venezolano sino contra las personas señaladas por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Además, aunque ellos mencionen a Maduro, siempre en la investigación se afecta a toda la cadena de mando que hizo posibles esos hechos", agrega.
