¿Existe una organización criminal en el interior de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, excandidata presidencial y una de las figuras políticas más influyentes de Perú?
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Esta es la interrogante que busca responder la Fiscalía peruana como parte de la investigación de la que son objeto Fujimori y su agrupación, por presunto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de 2011.
En medio de las pesquisas, el Poder Judicial ordenó el arresto preliminar por 10 días de Fujimori y otras 21 personas.
La lista de personas con orden de captura también incluye a dos asesores de Fujimori, Ana Vega y Pier Figari, y a dos exministros fujimoristas, Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama. Este último se encuentra fuera del país, según su abogado.
Las autoridades peruanas sospechan, según se indica en la orden de detención, que los arrestados montaron un esquema para "obtener el poder político" mediante "aportes ilícitos de Odebrecht (…)".
"El hecho investigado gira en torno a la constitución de una organización criminal en el interior de Fuerza Popular (partido de Fujimori) que tenía entre sus fines obtener poder político", dice la resolución que ordena el arresto.
De acuerdo a este documento, el Poder Judicial y la Fiscalía presumen que una de las formas de maquillar el financiamiento ilícito fue el llamado "pitufeo".
