Actualmente se discute en la Cámara de Diputados la ley que protege la libre competencia y sanciona la colusión. Si esta ley hubiese estado vigente cuando se realizó el juicio por la colusión de las farmacias, el veredicto que absolvió de la pena de cárcel a los ejecutivos que estuvieron involucrados, seguramente habría sido diferente. Este fallo tuvo una repercusión negativa en la opinión pública y volvió a colocar en tela de juicio nuestra institucionalidad para defender a la ciudadanía de la acción abusiva de las grandes empresas.
El debate que se está teniendo en torno a este proyecto de ley puede parecer muy lejano y abstracto para la ciudadanía, aunque le afecte de manera muy directa. La libre competencia permite que los consumidores, que finalmente somos todos, podamos acceder a productos y servicios a menores precios, de mayor calidad y variedad.
La colusión constituye una forma grave de abuso contra las personas. Cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo para fijar los precios de sus productos, repartirse territorios donde operar y evitar que nuevos competidores entren al mercado, los que pagan son los consumidores. La colusión se traduce en la manipulación de los precios para colocarlos artificialmente altos y poder aumentar la ganancia a costa de las personas. Esto es un delito, un robo, y hay que decirlo claramente y con fuerza.
Para detener estos delitos es necesario contar con sanciones eficaces. El proyecto de ley contempla el establecimiento de un sistema de multas proporcionales a los beneficios obtenidos por los infractores y penas de cárcel para los casos más graves. El incremento de las multas, que dejarán de ser simbólicas, y la posibilidad de ir a prisión, forzará a que las empresas tengan una conducta de respeto a las leyes.
Desde distintos sectores se ha sostenido que las multas propuestas pueden resultar excesivas. No estoy de acuerdo con tales planteamientos, para que este tipo de sanciones cumplan con su finalidad deben implicar el riesgo creíble de que el ejecutar prácticas abusivas tendrá un costo considerablemente mayor que el beneficio que reportan.
Los delitos de cuello y corbata, como lo es la colusión, ameritan ser tratados como lo que son, delitos, sin que existan dobles lecturas. El daño que causa este ilícito es enorme para el país, socava la confianza en nuestro sistema económico y se apropia del dinero de miles de personas.
Proteger la libre competencia es una tarea prioritaria en nuestro camino por construir un Chile más equitativo y justo.
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