El próximo año miles de familias chilenas verán aliviados sus presupuestos, por cuanto comenzará a aplicarse la gratuidad en la educación.
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Ello nos satisface, no sólo porque significa el cumplimiento de un compromiso adquirido por la Presidenta de la República, sino porque efectivamente es un paso decidido hacia la consolidación de la idea de que la educación es un derecho social.
El presupuesto del Ministerio de Educación -próximo a ser despachado por el Congreso- crecerá en un 7,5% para 2016, lo que revela la prioridad que hemos otorgado a este ámbito.
Entre las muchas iniciativas que se llevarán adelante se considera la implementación de la Ley de Inclusión, que se aprobó este año, lo que implica un aumento del 10,7% en las subvenciones a los establecimientos educacionales. Esto permitirá que 225 mil estudiantes de educación parvularia, básica y media que hasta ahora debían hacer un aporte -el llamado copago- pasen a gratuidad en 2016.
A ello tenemos que agregar que, en el ámbito de la educación superior, más de 200 mil estudiantes de familias ubicadas en los cinco deciles más vulnerables del país que se matriculen en las universidades del Consejo de Rectores, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro, que cumplan con los requisitos establecidos, podrán estudiar gratuitamente.
En este mismo ámbito debemos considerar el incremento de los fondos de las Becas Nuevo Milenio para estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales. Son 130 mil jóvenes que podrán verse beneficiados si sus planteles cumplen con los requisitos que se han establecido.
Estos logros dan cuenta de que estamos avanzando hacia el objetivo de contar con una educación más integradora, moderna y de calidad, que es un requerimiento esencial de un país que quiere tener mejores condiciones de vida para todos, en el marco de una sociedad más justa, democrática y participativa.
Lo más notable del trabajo que estamos realizando como una tarea de Estado -bajo la conducción de la Presidenta Michelle Bachelet- es que, en el marco de la definición de la reforma educacional como política pública de prioridad 1, establecimos un diseño no sólo de futuro, sino que fuera palpable en el presente.
De partida, ahora, cientos de miles de familias ya no tendrán que endeudarse para lograr que sus hijos e hijas obtengan educación en todos los niveles. Y en los años siguientes se incorporarán otras al beneficio, hasta llegar a la gratuidad universal. Nos parece formidable, además, que éste sea un logro colectivo.
En suma, estamos frente al cumplimiento de una promesa presidencial y ante una buena noticia para Chile.
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