Este lunes, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR) multó con US$62,86 millones a ocho empresas de transporte marítimo internacionales por fijación de precios, entre las que se encuentra la chilena Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) del grupo Luksic.
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Según informó Emol, las autoridades de ese país descubrieron que las empresas implicadas habían ejercido manipulación de precios para envíos de vehículos y maquinaria de ingeniería en importantes líneas durante al menos cuatro años, violando de este modo las leyes antimonopolio, esto luego de más de un año de investigación.
“No agresión mutua” y el aumento de forma conjunta los precios eran parte de las condiciones del acuerdo entre estas empresas, que incluye a la firma nacional, según señaló el organismo regulador chino en un comunicado, que impuso multas de entre el 4% y el 9% de los ingresos de las empresas en sus actividades relacionadas con China en 2014.
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Esta sanción no tiene efecto en resultados
Asegurando que no afecta en sus resultados, la chilena Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) reconoció que formó parte de este acuerdo de colusión en el mercado del transporte marítimo.
A través de un comunicado, la firma expresó que “inició a mediados de junio de 2015 una investigación por conductas que atentaban contra su ley antimonopólica en la industria del transporte de automóviles durante los años 2008 y septiembre de 2012”.
Asimismo sostuvo que de la multa total, tendrán que pagar cerca de US$475 mil, lo que representa “menos del 1% del monto”, lo cual “no tiene efecto en resultados al ya estar considerada en la estimación de la provisión tomada para estos efectos en los estados financieros del primer trimestre de 2013 y que fueron relevados al mercado en mayo de ese mismo año”.
A su vez, la empresa del Grupo Luksic afirmó que durante el periodo que duró la investigación, iniciada en base a pesquisas que comenzaron en EEUU, prestaron “la máxima colaboración” y que en febrero de 2014 “alcanzó un acuerdo con la autoridad norteamericana y se comprometió a pagar una multa de US$ 8,9 millones.
Junto con ello, señalaron en el documento que se le hizo llegar información interna a la Fiscalía Nacional Económica en Chile y que tras ello se creó el cargo de Oficial de Cumplimiento, para que vigile el apego a las normas internacionales en la actividad de la firma.
DP/PCP