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En los últimos días ha trascendido que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dejará de recurrir a los tribunales de justicia para querellarse en contra de personas que hayan emitido boletas de honorarios por servicios no prestados. Dichos documentos pueden ser utilizados por empresas como gastos, con el objeto de rebajar sus utilidades y el pago de impuestos.
El tema ha cobrado tremenda relevancia tras los casos Penta y SQM, donde investigaciones han dado a conocer que estas empresas habrían solicitado boletas falsas para justificar y, de paso, reducir su pago de impuestos, tras aportar de manera irregular a partidos, candidatos y campañas políticas.
Más allá de las aristas políticas, en términos económicos dichas prácticas han significado una recaudación menor a la debida. Es preciso tener en cuenta que un 83% de los ingresos fiscales proviene del pago de impuestos y, específicamente, un 35% por concepto de Impuesto a la Renta de personas y empresas, por lo que la labor del SII es tremendamente relevante para el funcionamiento del Estado.
Así, toda vez que las empresas o personas rebajan su pago de tributos gracias a documentos falsos, esto reduce el presupuesto disponible para una serie de inversiones y transferencias valiosas para la sociedad: pensiones asistenciales, puentes, carreteras, educación gratuita, salud pública, seguridad, entre otros.
El artículo 162 del Código Tributario entrega al SII la facultad exclusiva para perseguir penalmente eventuales delitos tributarios. Sin querellas del Servicio, el Ministerio Público no puede avanzar investigaciones, formalizar y solicitar sanciones penales ante Tribunales.
El SII estima que hay casos que no ameritan querella, sino simplemente la solicitud de restitución de los dineros no pagados y la imposición de multas, que pueden ir desde el 50% al 300% del perjuicio fiscal ocasionado. Soluciones de caballeros y entre paredes, en sustitución de investigaciones y juicios públicos.
¿Por qué la benevolencia del SII? El ex director del organismo, Michel Jorratt deslizó que, en su momento, habría recibido instrucciones de La Moneda de no recurrir a la justicia penal para así no profundizar en el financiamiento irregular de la política. En lo personal, creo que resulta pertinente esclarecer quiénes y cómo pagan menos que lo debido, para así establecer sanciones ejemplarizadoras que impidan reincidencias futuras. Sin embargo, el SII pareciera no compartir esta idea.
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