¿Se podrá cumplir con el nuevo cronograma de la reforma educacional?

Julio de 2016 es la fecha límite que fijó el ministerio de Educación para despachar los tres proyectos que aún están pendientes. Expertos de distintas organizaciones vinculadas al mundo educacional analizan el nuevo cronograma y las complejidades que se pueden presentar en el proceso.

El “mea culpa” del ministro Eyzaguirre, y ex titular de la cartera de Educación, sigue generando repercusiones. Después de un crítico diagnóstico sobre la gestión del Gobierno, y de cómo se llevó acabo la tramitación de la reforma, la presentación de un nuevo cronograma que pone como fecha límite julio de 2016 causó cierta incredulidad en algunos sectores.

Carrera docente debe ser aprobada en diciembre; desmunicipalización ingresará a fines de este año para ser despachada en junio, y la reforma a la educación superior ingresará en diciembre al Senado para ser aprobada en julio.

El senador Alejandro Navarro, en entrevista con el diario El Mercurio, calificó estos plazos como un “autogol”.; mientras Ignacio Walker señaló que el calendario presentado por la ministra al Comité Político en La Moneda “carece de toda realidad” ¿Que opinan los expertos al respecto?

Para Manuel Sepúlveda, director del área de Política Educativa de Educación2020, los plazos planteados por el Ejecutivo para sacar adelante los tres proyectos que están pendientes (carrera docente, desmunicipalización y gratuidad en la educación superior) son factibles de conseguir. Esto si se considera lo sucedido el año pasado con la discusión de la ley que pone fin al lucro, al copago y a la selección. “Fue un proyecto que se debatió y discutió a lo menos seis meses en el Congreso. Un proyecto bastante complejo y de difícil tramitación. Si bien no es lo mismo, esto sienta un precedente y da para pensar que éste puede ser un periodo más o menos razonable para la tramitación de una iniciativa legal”.

Sin embargo, para el investigador, más allá de que sea un plazo adecuado o realista, lo que es fundamental es que la implementación que se comprometa en los proyectos sea gradual. “Han existido distintos cronogramas legislativos en este periodo de discusión de la reforma educacional, y finalmente todos han sido modificados. Entonces, más que centrar el foco de discusión en los plazos, lo importante es que la implementación de estas leyes sea progresivo y gradual”.

Quien tiene una opinión distinta es Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. A su juicio, las fechas autoimpuestas por el Gobierno dan muestras de cierta “improvisación” . “Es raro poner fechas de término cuando ni siquiera se conocen los proyectos. Se están estableciendo fechas en que deberían estar tramitados ciertos iniciativas cuyo contenido aún no se conoce. Lamentablemente, la presión autoimpuesta es enemiga de una tramitación legislativa de calidad”. En ese sentido, Figueroa afirma que lo fundamental, más que ponerse plazos, “es ponerse objetivos. Y esos objetivos tienen que decir relación con lograr el mayor nivel de consenso posible respecto de lo que el país necesita en materia educacional. Sí puede ponerse plazos para presentar esos proyectos, pero no plazos para lograr su total tramitación”.

Las posibles complicaciones

Algo que podría complejizar el cumplir con los plazos son las elecciones municipales. El cronograma, planteado por el ejecutivo, finalizaría sólo tres meses antes de que se realicen los comicios lo que, a juicio de Hernán Hochschild, Director Ejecutivo de Elige Educar, podría dificultar principalmente el tema de la desmunicipalización. “El próximo año tenemos elecciones municipales, y en ese sentido, tramitar un proyecto de nueva educación pública, de desmunicipalización, y armar una campaña política me parece que es complejo; y éste es un proyecto que, para que tenga celeridad, tiene que venir con mucho trabajo consensuado desde antes”.

Ahora, a juicio del experto, en el caso de la reforma a la educación superior, las tensiones que se producen tienen relación con que “los actores tienen mucho peso público y, en ese sentido, la discusión, al tornarse muy pública, se vuelve controversial. Eso es complejo en términos políticos, porque hay un agotamiento y queda la impresión de que la reforma no deja contento a nadie”.

Para Manuel Sepúlveda, de educación 2020, la principal dificultad es que, tanto la reforma a la educación pública como la reforma a la educación superior, tienen una alta complejidad técnica. “Su contenido específico requiere de un estudio detallado y de una discusión compleja”.

De acuerdo al experto la discusión de los temas educacionales convocan a varios y diversos actores. “Ellos son partícipes, y obviamente hay que considerarlos en la tramitación; pero es un proceso complejo. Obviamente escuchar todas esas voces y llegar a acuerdos es difícil”.

En este punto también coincider Raúl Figueroa, de Acción Educar. Para él la principal complicación es que se trata de asuntos que requieren de mucho rigor técnico. “Lamentablemente el Ministerio no ha dado señales de contar con esa capacidad. Esto atendiendo las dificultades que han tenido la tramitación de otros proyectos. Por eso a mí me parece complejo el plantearse plazos poco realistas”.

Finalmente, la primera gran prueba de este cronograma será la votación en particular del proyecto de carrera docente, el cual, tras la suma urgencia impuesta por el Gobierno, deberá ser despachada este miércoles en su totalidad desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

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