La hora de salir a jugar

Hace dos días, en la Cumbre del Fútbol realizada en un conocido hotel capitalino, se trajo como expositor a Mike Halligan,  gran referente de la seguridad de dos de los clubes más importantes de Inglaterra: el Manchester United y el Manchester City. Mientras estuvo en el estrado, mostrando perturbadoras imágenes de archivo de violencia entre hinchas y fuerza policial, se iba desprendiendo la idea central de sus palabras: en los últimos años han sido detenidas 150 personas por desórdenes durante un partido de fútbol en la ciudad, mientras que 850 ya no pueden entrar al estadio. Es decir, son más los incitadores expulsados, identificados con nombre y número, que quienes, por “comportamiento antisocial”, requieren la intervención de la policía. Tal como describió Halligan se entiende por “antisocial”  todo aquel acto que signifique levantar un poco la voz ante el requerimiento de un guardia. De un guardia, no un policía.

Cuando uno escucha a expertos como Halligan, ex uniformado y fundador de su propia empresa de guardias privados, se entiende cómo otros países con problema de violencia en los estadios mucho más graves que los nuestros lograron erradicarla. Responsabilizando a los clubes de lo que sucede en su propia casa más que endosarle la responsabilidad al gobierno. Con presencia de más guardias privados que de carabineros, aunque para eso los mentados clubes deban meterse la mano en el bolsillo en un ejercicio constante. Cumpliendo con el manual de operaciones  que se supone es el Plan Estadio Seguro, uno que dice que los guardias privados deben “mantener el orden de los espectadores dentro del recinto deportivo”, “actuar como primera barrera de contención ante dificultades menores” o contar con cámaras exteriores e interiores de seguridad con circuito cerrado de televisión. Controlar que todos quienes ingresen al estadio lo hagan con carné de identidad y “requerir el auxilio de la fuerza pública sólo en caso que superen el accionar preventivo”, entra muchas otras normativas, todas a cargo del dueño de casa según describe el plan.

El día que todo esto se cumpla al pie de la letra –en marzo entra en vigencia la ley que obliga a tener control de identidad, cámaras HD-  entonces podrá haber pataleo acerca del cambio de los horarios o la disminución del aforo en los estadios. Mientras tanto seguirá siendo responsabilidad de carabineros mantener el orden y hacerse cargo de los desmanes. Ante esta realidad, el plan Estadio Seguro faculta a carabineros para “indicar la necesidad de variar la fecha y la hora del espectáculo deportivo”. De ahí las palabras de Sergio Jadue en relación a que la ANFP estudiaría seguir siendo parte del plan, por la molestia del cambio de horario UC-Colo Colo.

En estos momentos, los encargados de la seguridad del público y futbolistas en los estadios son los carabineros. La fuerza pública es responsable de un espectáculo privado. Se dispone de  contingente policial de todos los chilenos para una actividad cuyos dueños siguen sin resguardar con sus propios medios. Por lo tanto la intendencia puede poner las reglas que considere que le facilita la pega. Cierto es que Estadio Seguro sólo usa la ley de violencia en los estadios como marco para sus definiciones y que la ANFP puede o no segur sus lineamientos. Pero por encima de la ley no está nadie, y si los clubes no invierten, siguen pidiendo ellos mismos menos aforo para categorizar su recinto como “C” –poco público y escaso riesgo de desordenes- y no obligarse a gastar en las medidas requeridas por el plan, entonces se aplicará la ley de violencia en los estadios en toda su dimensión y dureza, y donde nadie tiene la opción de incumplir. Nadie.

En este punto en particular, los dueños de la pelota no tienen todas las de ganar. El cabro más choro del barrio, el que tiene el balón, igual debe pedirles permiso a los papás para salir a jugar. Si no ha hecho las tareas, pocas posibilidades tendrá de que lo dejen salir a la hora que quiera.