PUBLICIDAD
0 of 6
Aton Chile
Blanco y Negro entregó una dura respuesta a la demanda presentada por Humberto Suazo, quien pide 815 millones de pesos tras su despido «injustificado» de Colo Colo después de tener un conflicto con el cuerpo técnico encabezado por José Luis Sierra tras un partido con San Marcos en el Apertura pasado.
El escrito, que fue presentado en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la concesionaria alba negó «que haya existido vulneración alguna al derecho a la honra del trabajador (…) que el trabajador hubiera sido discriminado o que hubiere existido acoso laboral moral en su contra por parte del empleador».
Además, ByN entregó su versión sobre el día en que Chupete fue despedido del Cacique: «En ningún momento, el jugador fue separado del plantel profesional, siendo informado del despido el mismo día 20 de octubre de 2015. En caso contrario, el jugador habría asistido a los entrenamientos del día 21 de octubre, lo que no ocurrió. Por lo pronto, es absolutamente falso que el preparador físico, don Marcelo Canessa, hubiere informado al actor de su separación del plantel».
Por lo mismo, aseguraron que «aquello no es más que el reflejo de la conducta del actor que pretende acomodar los hechos en un afán de lucro absolutamente desmedido«.
A su vez, la directiva del elenco popular cuestionó el acoso laboral que acusó el retirado jugador debido a las sustituciones en duelos anteriores al incidente con San Marcos que gatilló su salida del club.
PUBLICIDAD
«Sorprende que un jugador de la trayectoria profesional como la del actor considere como un hostigamiento, marginación como presión irresistible el hecho de ser substituido por un compañero en el campo de juego, pues ello resulta de la esencia de este deporte (…) bajo ese supuesto, cabe legítimamente preguntarse ¿El resto de jugadores miembros del plantel que son substituidos o que ni siquiera son titulares en un encuentro o, peor aún, que ni siquiera son convocados para el día del partido, sufren de acoso, hostigamiento o una vulneracón de su garantía constitucional a la protección de la honra? La respuesta es lógicamente negativa», enfatiza.
GRAF/CS
