El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidirá si la FIFA debe hacer público el denominado «informe García», documento que investigó presuntas irregularidades en la concesión hace siete años del Mundial de 2018 a Rusia y el de 2022 a Catar y del que sólo salió a la luz una pequeña parte.
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La petición de publicar el documento entero forma parte del recurso presentado hace unos días contra su sanción por el ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, quien presidió la comisión que evaluó las candidaturas a esos mundiales y está sancionado desde julio de 2015.
La Comisión de Ética de la FIFA castigó entonces al dirigente chileno durante siete años por incumplir el Código Ético, tras infringir los artículos 13 (Reglas generales de conducta), 15 (Lealtad), 19 (Conflicto de intereses) y 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios) al pedir «favores personales para familiares cuando presidía la comisión de evaluación sin actuar en interés de FIFA».
En enero de 2016 Mayne-Nicholls explicó en una entrevista con EFE que, tras conocer la Academia Aspire de Doha, habló con sus responsables sobre la opción de que su hijo y su sobrino se formaran en ella durante una temporada, junto a su cuñado, tenista, hechos que «nunca se concretaron», como acreditó en un documento del centro que presentó en una audiencia en FIFA.
El ex regente del fútbol nacional, que tuvo que esperar 192 días para recibir los fundamentos de esa sanción para poder presentar recurso en Apelación, vio en parte estimado el mismo, el 22 de abril del año pasado, cuando la Comisión de Apelación rebajó el castigo de siete a tres años al estimar que el impuesto inicialmente «no era proporcional a las infracciones cometidas».
Ahora, y tras una espera de unos diez meses para poder acudir al TAS, Mayne Nicholls solicitó la semana pasada a éste la suspensión cautelar de su sanción -ha cumplido 20 meses de los 36 que tiene impuestos- y la publicación íntegra del informe García, del que la FIFA solo desveló en parte y en el que pueden aparecer menciones al dirigente chileno.
La publicación de éste generó una importante crisis en la organización meses antes de los hechos que acabaron con la presidencia de Joseph Blatter y las detenciones de algunos directivos en mayo de 2015.
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El informe García
El ex fiscal estadounidense Michael J. García presidió desde 2012 el órgano de instrucción de la Comisión de Ética y elaboró un documento de 350 páginas sobre la concesión de los mundiales de Rusia y Catar para 2018 y 2022.
Su investigación se prolongó durante un año, con entrevistas a más de 75 testigos y elaboró un dossier con más de 200.000 páginas sobre el caso.
El documento fue entregado por García a su homólogo en la cámara de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA, el alemán Hans-Joachim Eckert, quien el 13 de noviembre de 2014 dio por cerrada la investigación y concluyó que no hubo irregularidades.
Eckert consideró que era imposible la publicación completa del informe, en cumplimiento de la obligación de confidencialidad a la que están sujetos los integrantes de la comisión, y optó por publicar un extracto de 42 páginas junto a su resolución.
En diciembre de 2014 García recurrió sin éxito a la Comisión de Disciplina de la FIFA la decisión de su colega Eckert y con idéntico resultado después también a la Comisión de Apelación por lo que presentó su dimisión.
Su marcha, el 17 de diciembre de 2014, llevó dos días después al Comité Ejecutivo de la FIFA a decidir por unanimidad que se publicara el informe, una vez que se hayan cerrado los procedimientos individuales que están en curso.
Esta decisión atendió la recomendación hecha por el entonces presidente de la Comité de Auditoría y Conformidad, Domenico Scala, quien en mayo del año pasado dimitió del cargo en disconformidad con algunas decisiones del primer Congreso que la FIFA celebró tras la elección del suizo Gianni Infantino como presidente el 26 de febrero de 2016.
