Beatriz Sánchez y su frente deportivo: “La mal llamada ‘beca’ Proddar debe entenderse como un sueldo”

El Frente Amplio afirma que es posible cambiar Chile a través del «poder de muchos», como dicta el lema de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez. Por eso, cuando la abanderada del joven bloque de izquierda que se fundó el pasado 21 de enero habla de sus propuestas en deporte, en su entrevista correspondiente a El Gráfico Presidencial, plantea profundas modificaciones a la actual institucionalidad chilena en materia de actividad física. Y según sus propias palabras, esos cambios pretende llevarlos a la práctica involucrando la mayor cantidad de actores sociales.

A partir de un análisis crítico de la realidad actual, la candidata feminista propone darle un fuerte protagonismo al Estado, pero también a las comunidades a la hora de tomar decisiones. Para ello, Sánchez cree que hay que mirar más allá de las fronteras de Chile y copiar ejemplos que han dado resultados en otros países, como Canadá, Estados Unidos, Colombia y Alemania. A continuación, el diálogo con la periodista de profesión que, a sus 46 años, decidió dar el salto del mundo de los medios de comunicación a la contienda política.

Su propuesta en deporte pone énfasis en una fuerte participación del Estado, tanto en financiamiento como en gestión. ¿Cómo se financiaría esa nueva institucionalidad y cómo funcionaría en la práctica, considerando la precariedad actual?

No proponemos una nueva institucionalidad para el deporte, sino que debemos perfeccionar la existente. La actual inversión en deporte es muy baja, en comparación, incluso, con otros países de América Latina. Aun así, con lo poco que se tiene, se puede mejorar significativamente la ejecución, por las siguientes razones. Primero, nuestro programa se sitúa en el cambio de paradigma en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas sobre actividad física y deportes. En ese sentido, parte importante de las medidas que se plantean están alineadas con las propuestas en otras áreas estratégicas como Educación, Transporte, Vivienda, Medio Ambiente, Obras Públicas, Salud, entre otras, y se ejecutan desde otros ministerios, en coordinación intersectorial con el Mindep, cuyos costos serían asumidos por aquellas instituciones.

Además, la reorganización de la institucionalidad propuesta impactará en una ejecución presupuestaria más eficiente. En segundo lugar, dentro del presupuesto sectorial hay gastos significativos que pueden rebajarse, principalmente grandes obras de infraestructura de dudosa rentabilidad social, como fue la Red de Estadios Bicentenario, y de grandes eventos deportivos que no impactan en los hábitos de práctica de actividad física de la población, como por ejemplo el Rally Dakar. En tercer lugar, debe considerarse la inversión adicional comprometida para los Panamericanos 2023, estimada en cerca de US$ 500 millones, en el sentido en que el uso de ese dinero debe estar en función de una adecuada rentabilidad social a largo plazo, que tenga como objetivo la promoción y la formación de hábitos en actividad física perdurables en la población.

Más allá del rol protagónico del Estado, su propuesta remarca la importancia de la descentralización a través de una fuerte participación comunitaria. ¿A través de qué tipo de entidades participaría la comunidad y cómo funcionaría el manejo de los recursos?

A través de las instancias de participación ciudadana vinculadas a la formulación de planes de desarrollo territorial regionales y comunales. A través de los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), de acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.500 sobre participación ciudadana. El programa del Frente Amplio, en sus propuestas sobre descentralización política, plantea modificar esta Ley, para que los COSOC tengan un carácter vinculante, no sólo consultivo. Referéndums y plebiscitos regionales, con carácter vinculante. Se busca que las políticas públicas, en diseño, implementación y evaluación, sean decididas realmente por la gente, con base en las realidades de cada localidad y los intereses de sus habitantes, pero el manejo de los recursos recae en el Estado. Las organizaciones deportivas pueden recibir recursos públicos mediante aportes directos, principalmente municipales, o a través de concursos públicos. En todos los casos es necesario simplificar y mejorar los procedimientos de asignación y rendición, para facilitar la utilización eficiente y transparente de estos recursos .

Hay que terminar con las autoridades corruptas como Gabriel Ruiz Tagle, implicado en la colusión del confort y otras irregularidades, antes y durante su gestión como subsecretario y ministro de Deportes de Sebastián Piñera

Considerando que usted cree en la coexistencia entre el Mindep y el IND. ¿Cómo resolvería los desencuentros y problemas administrativos que se han generado entre ambas entidades?

La creación del Mindep fue más un hito comunicacional que el reflejo de una verdadera política pública del Estado para el sector. No obstante, constituye igualmente un avance y una oportunidad. No se trata de creer o no en la coexistencia de ambas entidades, es un hecho sobre el cual debemos trabajar, intentando mejorar su coordinación. Para ello, debemos llevar a la práctica los dos siguientes puntos. Uno, mejorar los procedimientos de selección y evaluación de autoridades, o sea, hay que terminar con las autoridades corruptas como Gabriel Ruiz Tagle, implicado en la colusión del confort y otras irregularidades, antes y durante su gestión como subsecretario y ministro de Deportes de Sebastián Piñera, y terminar con las autoridades designadas por cuoteo político, como ha ocurrido hasta hoy durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Y como segundo punto, debemos delimitar funciones y eliminar duplicidades en los roles políticos y administrativos entre el Mindep y el IND, fortaleciendo como ente rector al Mindep. Y también hay que mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación entre ambas instituciones.

Usted ha planteado hacerle una reformulación a la Beca Proddar, para así resguardar «la continuidad en el apoyo a deportistas». Bajo dicha idea, ¿pondría exigencias en cuanto a resultados los deportistas beneficiados o la beca pasaría a ser una especie de sueldo?

Los deportistas de alto rendimiento no son estudiantes. Al igual que los entrenadores, jueces, preparadores físicos y demás profesionales de apoyo, son trabajadores del deporte, por ende, la mal llamada «beca» Proddar debe entenderse como un sueldo. Este reconocimiento es clave para que los deportistas puedan acceder a cobertura previsional, de salud y derechos laborales en general y con ello, avanzar hacia la profesionalización del deporte de alto rendimiento. Como en cualquier otro trabajo, en especial cuando es financiado con recursos públicos, esto no impide que existan exigencias que los deportistas deban cumplir. Lo fundamental es que los criterios que se aplican sean decididos de manera democrática, con participación del Mindep, también de las federaciones, las y los deportistas y demás actores implicados. También que se ajusten a la realidad deportiva de cada disciplina y no a estándares únicos, y que garanticen una continuidad en el apoyo a mediano plazo, que no quede en riesgo por un resultado específico, una eventual lesión u otras contingencias propias de la carrera deportiva. También es muy importante que los criterios incluyan al deporte paralímpico en igualdad de condiciones que el deporte olímpico.

El sector privado, como empresas, fundaciones o universidades, por su parte, es un socio estratégico en el desarrollo deportivo del alto rendimiento, tal como lo reflejan países con logros deportivos, como Estados Unidos, Canadá y recientemente Colombia

Tomando en cuenta que es partidaria de las donaciones con fines deportivos. ¿Qué rol ocuparía el mundo privado en el financiamiento del alto rendimiento?

Proponemos reestructurar en profundidad el sistema de donaciones con fines deportivos, ya que éste permite a las empresas rebajar impuestos por financiar proyectos de dudoso impacto social o deportivo. Creemos que el Estado debe ocuparse de establecer un piso mínimo de financiamiento a los deportistas de alto rendimiento, que asegure las condiciones adecuadas para el desarrollo de la carrera deportiva. El sector privado, como empresas, fundaciones o universidades, por su parte, es un socio estratégico en el desarrollo deportivo del alto rendimiento, tal como lo reflejan países con logros deportivos, como Estados Unidos, Canadá y recientemente Colombia, aportando recursos económicos e instalaciones deportivas, así como equipamiento y servicios especializados y también conocimientos en marketing, publicidad, comunicación estratégica, etcétera.

¿Cómo pretende garantizar la transmisión de todas las competencias deportivas en la que participen deportistas nacionales, considerando los altos costos que tienen muchos de esos derechos de transmisión?

La gran mayoría de estas competencias no consideran costos por derechos de transmisión, o éstos son muy bajos. Los mayores costos se dan en grandes eventos como Juegos Olímpicos, mundiales y ligas de las disciplinas más populares, que ya cuentan con cobertura en los medios de comunicación privados. No se busca competir con éstos, sino dar cobertura a otras disciplinas y prácticas deportivas menos visibilizadas, así como también al deporte paralímpico, infantil, juvenil, femenino y senior.

Saltando al fútbol, su propuesta de Gobierno establece textual: «limitaremos decididamente la participación de las SADP en la propiedad de los clubes de fútbol profesional». ¿Qué modelo de administración pretende instaurar?

Se pretende que los clubes de fútbol sean organizaciones deportivas y que se rijan de acuerdo con la Ley del Deporte. Ahora bien, atendiendo a su relevancia social y económica, es necesario contar con un reglamento especial para este tipo de organizaciones. Es un modelo similar es el que se utiliza en Alemania, actual campeón mundial y que cuenta con una de las ligas más importantes de Europa.

Nuestra propuesta es transmitir un partido semanal del campeonato nacional de Primera División, a través de la televisión pública, garantizando condiciones equitativas para todos los clubes, o sea, que todos sean transmitidos un número similar de veces

Leo otro punto de su programa: «aseguraremos el derecho de los medios públicos a transmitir los partidos de fútbol profesional por TV abierta, sin pago por parte del Estado». ¿Cómo llevaría a cabo esa medida considerando que los clubes son los dueños de los derechos de transmisión y que aquello significa uno de sus más caudalosos ingresos?

Nuestra propuesta es transmitir un partido semanal del campeonato nacional de Primera División, a través de la televisión pública, garantizando condiciones equitativas para todos los clubes, o sea, que todos sean transmitidos un número similar de veces. A pesar de tratarse de una actividad privada con fines de lucro, los clubes de fútbol profesional  reciben actualmente numerosos subsidios del sector público, por ejemplo, a través de la concesión de recintos deportivos o por la seguridad a cargo de Carabineros en los estadios y no pagan impuestos por las transferencias de jugadores. Creemos que esto abre un escenario de negociación, en el que los clubes podrían ceder únicamente estos derechos de transmisión, conservándolos respecto de los restantes partidos.

En otra arista del fútbol… ¿Es partidaria del modo en cómo ha operado el Plan Estadio Seguro? ¿Cómo enfrentaría el problema de la violencia en los estadios?

Si bien el Plan Estadio Seguro ha mostrado algunas mejoras durante el último tiempo, aún es un plan de acción que limita su ejecución sólo al recinto donde se realizan los partidos de fútbol. Trabajar en la erradicación de la violencia implica una labor de todos los actores involucrados, donde participen las autoridades encargadas de la seguridad pública, los clubes deportivos y los representantes de las hinchadas, para que se genere un compromiso de no violencia transversal. Además, se debe resguardar que los castigos de prohibición de ingreso para quienes cometan desmanes sean efectivos y educar sobre este tema a la población desde las bases sociales, desde los clubes de barrio, para formar una cultura de la no violencia en los estadios.