La audiencia preparatoria de la demanda que interpuso el futbolista Mauricio Pinilla a la concesionaria Azul Azul no logró definir este viernes un acuerdo entre los abogados representantes de ambas parte, por lo que obligó al segundo Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, representado por la jueza Alondra Castro, a definir el próximo 20 de noviembre (10:30 horas) como la fecha para la audiencia de juicio definitoria del caso.
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En base a las pruebas documentales y audiovisuales entregadas en esta segunda audiencia, ambas partes no pudieron conciliar un arreglo que obligaron a alargar la pugna que comenzó con la salida de Pinilla de la concentración de la Universidad de Chile en Antofagasta, el pasado viernes 27 de julio y a sólo un día del encuentro como visitantes de los laicos frente al elenco de los Pumas.
Dentro de las pruebas más destacables, la que busca demostrar uno de los puntos en desacuerdo entre ambas partes, se rescata el testimonio del abogado demandante Alejandro Cariz, quien manifestó que ellos trataron de llegar a un acuerdo con Azul Azul antes de la reunión de directorio extraordinaria que sostuvieron los directivos universitarios el pasado miércoles, pero que la respuesta fue negativa por parte de la concesionaria. La defensa alegaba que no accedieron a la petición de entregar el doble del monto propuesto por la jueza en la primera audiencia, llegando a casi 400 millones, y que, incluso, fue calificada como una «cifra sideral» por parte del presidente de la administradora, Carlos Heller.
Por otra parte, para evitar problemas, el representante de Pinilla alegó que su cliente quería tener acuerdos formales y por escrito con la directiva del Centro Deportivo Azul y no conversaciones informales como se sostuvo el pasado jueves 20 de septiembre, donde se trató de llegar a acuerdo. No obstante, ambas versiones de la misma cita se terminaron contradiciendo hasta el punto de que el Tribunal objetó que se siguieran entregando nuevas pruebas, para un caso que no se llegaba acuerdo en la demostración de las mismas.
Debido a que el monto de la indemnización fue el principal desacuerdo entre ambas partes, la magistrada calculó el sueldo que hubiese tenido Pinilla hasta el término de su contrato con la U en diciembre del 2019, llegando a un monto cercano a los $211 millones. La cifra no conformó a la parte del jugador, que pedía un monto un poco menor al doble de lo propuesto por la magistrado -pensando que en la demanda estaban considerados 1.100- mientras que la U buscaba entregarle cerca de $150 millones. Según la defensa, en Azul Azul estaban llanos a negociar pero con un monto que llegara a una «base razonable».
Salida del club y sus derechos
Relacionado al complejo tira y afloja de los montos que podría recibir Pinilla tras su salida de la U, otro de los puntos que generan más discordia es el del supuesto término de contrato injustificado que alega el futbolista. Tal como indica la demanda interpuesta al club, el delantero señala que él sólo fue despedido públicamente a través de una conferencia de prensa, en una forma que lo dejó muy mal parado, pensando en que, según él, aún deben firmarse los finiquitos.
Algo contrario a eso es lo que dice Azul Azul, que se avala en la firma de la transferencia de derechos que hizo el ex seleccionado chileno para partir a Colón de Santa Fe y que podría ser demostrada en la próxima audiencia de juicio en noviembre.
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«Nosotros decimos que lo que firmó (Pinilla) es el término de un contrato, que genera obligaciones y ese es el tema de fondo. Cuáles son las consecuencias que firmaron eso, Mauricio, el club y Colón. La validez la entrega el artículo 152 bis del Código que indica que la transferencia de los derechos pone fin a la relación laboral y del estado de derechos (federativos). A Mauricio Pinilla se le puso término a su relación laboral, luego de que él firmó el contrato de transferencia el 27 de julio», asegura el abogado de Azul Azul, José Joaquin Laso.
Por último, y pensando en la imposibilidad de Pinilla de poder firmar en otro club, los representantes del jugador alegan sobre la poca colaboración que tuvieron en la U para determinar dónde están los derechos federativos y económicos de su defendido y también que existe mala fe a la hora de ayudar a la ANFP a dilucidar el caso sobre el destino de sus derechos.
