Los coletazos por la desafiliación de Lautaro de Buin de los torneos de la ANFP, al corroborar el Tribunal de Disciplina que el cuadro sureño había incumplido con las normas de la asociación respecto de la figura de los dobles contratos tiene a varios clubes profesionales en la mira de la Dirección del Trabajo y uno de ellos, Colo Colo, salió esta tarde a descartar de plano haber caído en esta irregular situación con algunos de sus futbolistas.
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Según consigna La Tercera este viernes, el Cacique estaría entre los clubes que habrían caído en esta situación con los pagos realizados, por derecho de imagen, a jugadores como el argentino Matías Zaldivia, quien en agosto de 2019 emitió una factura electrónica a la concesionaria Blanco y Negro por servicios de su empresa de Asesorías Deportivas Zaldivia SPA.
Una práctica que, según recalca el medio, formaría parte de la investigación que la Dirección del Trabajo realiza al cuadro albo y a otros equipos del balompié nacional, porque «constituye una de las formas de dobles contratos que se suscriben en los clubes del fútbol chileno».
Es por ello que este viernes los encargados de la concesionaria salieron a aclarar la situación que involucra a la empresa de Zaldivia y otros futbolistas que militan en el cuadro popular.
«Con respecto a las recientes publicaciones de prensa relacionadas con contratos que Colo Colo suscribe con sus jugadores profesionales, la institución declara que no fue consultada respecto al asunto y, además, niega tajantemente las irregularidades que ahí se sugieren», encabeza el comunicado de ByN, que es claro para informar que todos «los acuerdos laborales son notificados a la ANFP, de esta manera, cumpliendo lo que disponen sus Estatutos».
«Tanto los contratos de trabajo, como los acuerdos de cesión de derechos de imagen, transferencias (pases) y los demás acuerdos que se suscriben con las jugadores y los jugadores de los planteles del Club y sus funcionarios, se encuentran en regla y pleno cumplimiento de la Ley», afirman.
Con todo, en la vereda del Sifup, encabezada por Gamadiel García, esta situación deberá revisarse por más que en lo administrativo se ajuste al Estatuto actual de la ANFP.
«Es un doble contrato. Lo dice la Dirección del Trabajo, que es la entidad que fiscaliza. Todo lo que tenga un contrato es legal, porque si tengo contrato con una empresa y esa empresa no paga los impuestos, lo más probable es que tenga problemas con el SII. Es distinto a lo de Lautaro de Buin. El tema que se está penalizando en el caso de Lautaro de Buin es un documento falso y alterado, que no es lo mismo que un doble contrato. Si cada uno de esos contratos paga los impuestos, es legal. Ahora, el dictamen de la DT dice que esos contratos tienen que tributar y pagar impuesto a la renta», explicó García.
