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Camargo Correa, una de las mayores constructoras de Brasil, firmó un acuerdo con las autoridades brasileñas por el que admitió su culpa en los desvíos de la petrolera Petrobras y aceptó colaborar con las investigaciones y a pagar una millonaria multa, informaron hoy fuentes oficiales.
La homologación del acuerdo de confesión fue anunciada hoy por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), el organismo del Ministerio de Hacienda responsable por el combate a los monopolios y que investigaba a Camargo Correa por las irregularidades en el gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras.
El acuerdo con el órgano antimonopolio compromete tanto a la constructora como a su expresidente, Dalton dos Santos Avancini, y su exvicepresidente, Eduardo Hermelio Leite, que eran acusados de formar un cartel con otras empresas para repartirse las licitaciones de la petrolera estatal.
A cambio de la suspensión de la investigación administrativa en su contra y de otros beneficios, Camargo Correa se comprometió a pagar una multa de 104 millones de reales (unos 29,7 millones de dólares), la mayor ya acordada por el Cade en un acuerdo con empresas acusadas de cartel.
La constructora, en un comunicado, afirmó que también se comprometió a colaborar con las investigaciones, a presentar documentos que pueden incriminar a otras empresas, a ofrecer informaciones sobre el funcionamiento del cartel y a suspender las actividades irregulares.
La constructora fue la tercera empresa acusada de desviar recursos de Petrobras en llegar a un acuerdo con el Cade para confesar su responsabilidad a cambio de la reducción de las sanciones por la violación de las leyes de libre competencia. Los primeros acuerdos fueron suscritos en marzo pasado por las empresas Setal Engenharia y SOG Oleo e Gas.
Las empresas admitieron ante el órgano público que formaron parte de un cartel integrado por 23 empresas por el que se distribuían los contratos de Petrobras a cambio del pago de millonarios sobornos.
Según las empresas confesas, el cartel era integrado por varias de las mayores constructoras del país, como Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão y UTC Engenharia.
De acuerdo con las investigaciones, las empresas acusadas de los desvíos obtenían contratos amañados con la estatal, inflaban los valores de los mismos y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.
La petrolera estatal calcula que los desvíos le provocaron pérdidas por cerca de 2.000 millones de dólares.
El escándalo ha mandado a prisión a varios ejecutivos de una veintena de empresas y salpicado a medio centenar de políticos, en su mayoría de los partidos que apoyan el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
