La fiscalía general de México informó el jueves que investiga al jefe de su Agencia de Investigación Criminal y a otros funcionarios, por irregularidades en las indagatorias del caso Ayotzinapa, y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos pidieron su destitución.
Un área de asuntos internos de la fiscalía fue instruida para «investigar la actuación de los servidores públicos de la institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes», dijo en un comunicado la Procuraduría General de la República.
Este anuncio llegó poco después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) señalara que Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, manipuló y tergiversó la realidad al decir que representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas atestiguaron el 28 de octubre de 2014 la visita que realizó, con un detenido clave, al río de San Juan.
Según la versión oficial, en esa vía fluvial del estado de Guerrero (sur) habrían sido arrojadas en bolsas plásticas las cenizas de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, cuya suerte aún se desconoce.
Los expertos cuestionaron que en el expediente oficial no existan registros de esa diligencia, así como de la recolección de evidencia en el lugar, y que el inculpado que fue llevado a la margen del río hubiera sido torturado antes.
El Giei pidió a Zerón apartarse de las indagatorias para garantizar un proceso imparcial.
Por su parte, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos solicitaron en un comunicado al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que Zerón de Lucio «sea separado de su puesto» para que sea investigado por «obstrucción de la justicia».
– «Tergiversación de la realidad» –
Tomás Zerón se había defendido el miércoles de las críticas argumentando que la diligencia «fue legal, a la luz del día y atestiguado por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas».
Para probar la presencia de los representantes de la ONU, Zerón presentó un video en el que dos diplomáticos del organismo aparecen en donde, según él, se llevaba a cabo la diligencia.
Sin embargo, el Giei dijo que estos dos representantes de la ONU estuvieron ese día en un campo cercano, pero en ningún momento vieron al detenido, ni estuvieron en el escenario del río.
Estas afirmaciones constituyen una «tergiversación de la realidad» y un «comportamiento impropio» del jefe de investigaciones criminales de México, subrayó el español Carlos Beristaín, también integrante del Giei.
La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México expresó, de su lado, su «extrañamiento» por la mención de que sus representantes habían presenciado la diligencia «en la que (la oficina) nunca participó, así como por la innecesaria exposición» de los dos funcionarios del organismo.
Por su parte, diputados de la oposición pidieron la destitución del jefe de investigación criminal.
«Estamos exigiendo a la Procuraduría General de la República que retire de su cargo a Tomás Zerón», dijo Marko Cortés, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), al señalar que obstaculizó el proceso, falseó pruebas y violó los derechos de un inculpado al llevarlo a declarar sin abogado defensor.
Los señalamientos contra Zerón están en el informe del Giei, presentado el domingo pasado, una semana antes de abandonar el país en un ambiente de tensión con el gobierno de México.
Según las conclusiones de la fiscalía general, el 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados en la cercana Iguala por policías, quienes los habrían entregado al cártel Guerreros Unidos, que, a su vez, los habrían asesinado e incinerado en un basurero aledaño antes de arrojar sus restos al río San Juan.
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