De maneras brutalmente dolorosas, este Bicentenario nos ha iluminado el camino sobre muchas de las cosas que hemos hecho mal y que, iniciando el siglo XXI, nos devuelve a la senda del subdesarrollo que aún impera en Chile.
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Lo de país moderno se borra de un plumazo cuando los que menos tienen no son sólo los que más sufren sino también a los que menos vemos. Y no hablamos sólo de pobres. Aunque a muchos no les guste, los presos también son responsabilidad del Estado y, por ende, de todos nosotros.
Pero no los vemos o no queremos hacerlo. Son invisibles como las nubes en la postal de un atardecer en la playa y donde el sol es lo único que miramos. Destaca su brillo, pero nunca lo que lo circunda.
A los presos nadie los ve, pero siempre están ahí. Viven hacinados y a pocos les importa porque son victimarios que pagan por sus culpas. Pero cruzando las rejas, pasan de victimarios a víctimas de un sistema que se ha intentado cambiar pero nunca con suficiente convicción política.
Con más de 50 mil reos, Chile es después de Brasil el segundo país con la mayor tasa de presos por habitante. La mayoría cumple sus condenas en condiciones precarias.
Entre 1999 y 2008 la población penitenciaria del sistema cerrado aumentó un 53%. La paradoja es que los delitos no disminuyeron en la misma proporción. De hecho, según cifras de la Fundación Paz Ciudadana, desde el 2005 a la fecha, aumentaron en un 72 por ciento.
El sistema carcelario ha tenido un aumento presupuestario importante pero eso no se ha visto reflejado tampoco en una disminución de la reincidencia o de la sobrepoblación. Por lo mismo, es el sector más débil de las instituciones vinculadas a la seguridad y el que menos se ha modernizado.
Estamos en proceso de continuar las concesiones carcelarias, pero el proyecto ha demorado mucho más de lo calculado y solucionará el problema sólo para un puñado de reclusos. Con la tasa de crecimiento de la población penal, las cosas quedan donde mismo.
A la insuficiente inversión pública, que redunda en el evidente hacinamiento, se agregan las políticas de populismo a la hora de hablar de delincuencia y donde siempre la solución es endurecer los castigos pero casi nunca destinar mejores políticas para la rehabilitación.
Recién este año el actual Gobierno anunció una fuerte inversión para financiar medidas alternativas al encarcelamiento. Una política que parece mucho más efectiva que hablar del candado a la “puerta giratoria”.
Visto el porqué de la tragedia en la cárcel de San Miguel, donde el exceso de reos habría facilitado el inicio de una riña y el posterior incendio, hoy no suena descabellado pedir que se mejoren los sistemas de control de las penas, especialmente las alternativas a la prisión, un sistema al que la gente le teme porque su falta de supervisión lo ha hecho inútil.
Demás está decir lo necesario que resulta que se multipliquen las políticas que prevengan los delitos. Abundan los informes que hablan de lo que se requiere hacer para mejorar un sistema que está haciendo agua. Lo que falta es voluntad.
Es cierto que a la autoridad le resulta muy difícil explicar por qué se destinan 246 mil pesos mensuales para mantener a un delincuente versus los 32 mil para un alumno. Pero tendrá que encontrar cómo hacerlo. Las cárceles se han vuelto lugares miserables, escuelas del delito, campos de batalla, cunas de enfermedades mortales y escenarios de dramas humanos protagonizados por sujetos que en muchas oportunidades pagan por sus culpas un precio harto más caro que lo que dicta el código penal.
Cárceles como las chilenas son centros de tortura para sus presos. Y lo son también para los gendarmes, a quienes los escasos recursos los tienen como verdaderos mártires en un lugar donde nadie más quisiera estar y menos por esa plata. Su dotación exigua quedó en evidencia en la madrugada de ayer.
Ahí tenemos otra cosa por resolver. No estaba tan perdida la Iglesia Católica cuando planteó su propuesta de un indulto para el Bicentenario. Tal vez la idea de liberar presos para descomprimir las cárceles no era la adecuada, pero el fondo del análisis que hizo a comienzos de año apuntaba al mismo asunto que San Miguel nos reflejó con sus llamas asesinas.
Los presos están privados de libertad, pero no de sus otros derechos humanos. Aunque a muchos no les guste, la responsabilidad del Estado es hacerse cargo de los ciudadanos ejemplares pero también de los que cometen errores y pagan por ello. Esperemos que el precio que paguen no sea con su propia vida porque simplemente los echamos al olvido. Luego de esta tragedia, dependerá de todos que se pongan en marcha los cambios que se requieren.