Se encendió el debate por el proyecto que se votará hoy en el Senado y que prohíbe la venta en establecimientos educacionales de productos que sean altos en “algún descriptor nutricional”. En la práctica, no se podrían comercializar papas fritas o chocolates en colegios y universidades, entre otras restricciones.
La normativa, presentada en 2008 por el senador Gido Girardi y aprobada en la Cámara de Diputados, sufrió modificaciones en la comisión de Salud del senado, lo que ha provocado fuertes reacciones del gobierno y el empresariado.
En Radio Cooperativa, el ministro de Salud, Jorge Mañalich, partió diciendo que “llegamos a un acuerdo bien formal en la comisión de salud de la cámara de diputados respecto a la promulgación de esta ley, que tiene aspectos interesantes y necesarios, como que a los niños no se les ofrezca regalos junto a alimentos que no son adecuados para ellos; el rotulado destacado cuando sean altos en azúcar o grasas, cuando provoquen alergía o una exigencia mayor a los alimentos que se presentan como “saludables”.
Añade que ahora el proyecto “contempla situaciones ridículas. Yo la llamo la ley del “Súper 8″, ya que llega a tal punto que prohibe que un alimento de este tipo se venda en una universidad. También se prohibe informarle a la madre sobre cual leche puede optar cuando no ha podido seguir con la lactancia materna. Es una ley absurda e inaplicable”.
“Se está diciendo en una forma ilegítima que el ministerio de Salud tiene atribuciones que superan una ley orgánica de Educación. Esta legislación, como está ahora, se necesitan recursos elevados que no tenemos”, sentenció el secretario de Estado.
En tanto, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Fulvio Rossi, acusó en la radio que “el empresariado levantó la voz y se ordenó el Gobierno. Es increíble que el ministro de Salud en vez de estar preocupado de combatir la obesidad infantil, esté defendiendo al igual que el ministro de Economía y el subsecretarios, los intereses empresariales”.
Añadió que es un “lobby monstruoso que está haciendo la Sofofa con el Gobierno y con la derecha. Aquí la derecha defiende intereses corporativos, pone en la balanza lo económico por sobre la salud pública de un manera desvergonzada”, sostuvo.
El presidente de la Sofofa, Andrés Concha, advirtió por su lado que “la autoridad va a poder modificar los componentes técnicos de la producción de los alimentos, vamos a quedar en Chile con una estructura distinta a la que tienen el resto del mundo”.
“Chile no es el mejor país para poder usarlo como plataforma si es que localmente las disposiciones establecen que hay que producir los alimentos conforme a un diseño y contenido que no es el que está siendo aceptado en el resto del mundo”, expresó.
