Bastián Camilo Arriagada Arriagada, tenía 22 años y cumplía una pena remitida de 61 días en el Centro de Detención Preventiva San Miguel. El joven se dedicaba a vender discos piratas en el centro de San Bernardo, comuna de la zona sur de la capital en la que residía, y había sido detenido por infracción a la Ley de propiedad intelectual. Llevaba ahí tres semanas cuando un voraz incendio que se inició en el cuarto piso de la Torre 5 del penal le quitó la vida a él y a otros 80 internos la madrugada del 8 de diciembre de 2010, hace exactamente dos años.
Las llamas se iniciaron por una riña entre reos pasadas las 05:40 horas. Un soplete artesanal utilizado como arma, fabricado con uno de los balones de gas que usaban los reos para cocinar sus alimentos, sumado a la alta inflamabilidad de los colchones donde dormían, hizo el fuego imparable. El Servicio Médico Legal trabajó varias semanas para identificar a todos los fallecidos.
A dos años de la tragedia, la reacción de los gendarmes que debían resguardar a los reclusos sigue siendo cuestionada por los familiares de las víctimas que cada octavo día del mes realizan una velatón exigiendo justicia. Agrupados en la organización “81 Razones para Luchar” prepararon una serie de actos para conmemorar esta jornada.
Respecto a la indagatoria del caso, el 28 de marzo del 2011 se desarrolló la audiencia en el Décimo Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia, donde se formalizó por cuasidelito de homicidio y homicidio por omisión a ocho gendarmes, entre oficiales y suboficiales por su responsabilidad en las muertes de los reos. El lunes 3 de diciembre pasado la Fiscalía Metropolitana Sur anunció el cierre de la investigación a cargo del fiscal jefe de Puente Alto, Pablo Sabaj.
El mismo día de la tragedia el Presidente Sebastián Piñera advirtió “no podemos seguir viviendo con un sistema carcelario que es absolutamente inhumano”.
El Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en su edición de 2012, establece un dato a considerar: “Chile exhibe las cifras más elevadas de prisionización de América del Sur y la situación de hacinamiento carcelario excede el 60%. Ello, pese a que los índices de criminalidad violenta son de los más bajos de la región”.
