El Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, confirmó que a fines de agosto comenzará a funcionar el monitoreo telemático para aquellas personas que los Tribunales determinen aplicarlo con la pena de reclusión parcial (menos de tres años) y que el sistema podría estar listo dentro de tres a cuatro años.
El Secretario Estado resaltó que se modificó el contrato con la empresa SecurityAlert, encargada de prestar el soporte técnico para monitorear a los condenados, debido a que no existe 100% de seguridad de que alguien no evada el control. Por lo tanto, según explicó, no se puede aplicar el brazalete electrónico a quienes sean condenados a libertad vigilada intensiva, sobre todo en los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
“Creemos que no está suficientemente determinado que vamos a tener un 100% de control. Por eso hemos pensado que no podemos poner en peligro a las personas protegidas por este sistema”, dijo el ministro, quien aseguró que se hizo una exhaustiva revisión de antecedentes, incluso con participación del Consejo de Defensa del Estado, para determinar si Gendarmería seguía o no con el contrato, por cuanto en la primera etapa de ensayo se detectaron deficiencias que no eran tolerables para un sistema que se aplica al control de personas con condena y que puede poner en peligro la integridad física de las víctimas.
Gómez resaltó que en una nueva etapa de revisión, se pudo apreciar que había un porcentaje de fallas, que aunque menor no podía obviarse, considerando que se podría poner en peligro la vida o integridad física de las víctimas, ya que, por ejemplo, el mecanismo perdía la señal en algunas estaciones de Metro y en determinados lugares de la ciudad. Es por eso que finalmente se resolvió que sólo podría ponerse en vigencia el sistema para quienes tienen reclusión parcial, es decir para personas que parte de su condena la cumplen en libertad.
Además, el Director Nacional de Gendarmería, Juan Jaime Letelier, indicó que las pruebas demostraron que, por ahora, no existían los elementos tecnológicos adecuados para tener la certeza de que se podría alertar a una víctima acerca de la cercanía de una persona que tenía prohibición de ello.
Lo que sigue para comenzar con su implementación es enviar el contrato a la Contraloría General de la República. Así, una vez que esté todo el sistema legal en marcha se comunicará a las instituciones del Sistema Procesal Penal respecto de la posibilidad de usarlo.
Se estima que la tobillera la usarán de 4 mil a 5 mil personas.
