“Dolor y vergüenza” reconoció la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica chilena ante la condena por el delito de abuso sexual a una menor de edad por parte de un sacerdote de la congregación de los Legionarios de Cristo conocida esta semana.
“Con profundo dolor y vergüenza hemos conocido (…) una nueva sentencia condenatoria contra un clérigo por abuso sexual a una menor”, señalaron los obispos en una declaración tras su asamblea anual que culminó la tarde del viernes.
Se trata de la sentencia de cuatro año y un día de libertad vigilada que recibió el sacerdote de los Legionarios de Cristo John O’Reilly por el abuso reiterado de una menor de edad, en el colegio de esa congregación donde la niña estudiaba.
“La vida y la integridad de las víctimas es nuestra primera preocupación: tanto a ella como a su familia, así como a la comunidad educativa expresamos nuestra cercanía y solidaridad”, señaló la declaración de los obispos.
“Pese a todo nos anima a renovar nuestro compromiso radical para prevenir que casos como este no se repitan”, agregó.
El caso de O’Reilley es uno de los tantos por abusos sexuales que ha sacudido en los últimos años a la Iglesia Católica chilena. Y aunque el sacerdote de origen irlandés no cumplirá pena de cárcel, la sentencia lo inhabilita de por vida para ocupar cargos públicos o trabajados que tengan relación con menores.
El documento episcopal se centró en la necesidad de la protección de la familia y el “matrimonio fundado por un hombre y una mujer”.
También expresó su preocupación frente a la eventual aprobación en el Congreso del llamado Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), una normativa orientada a dar reconocimiento legal a las uniones de hechos de parejas hetero y homosexuales.
Según los obispos de la forma en que está planteado el proyecto posee características muy similares a las del matrimonio, lo que a su juicio, homologa realidades diferente.
“De este modo, a dos realidades esencialmente distintas se les estarán concediendo los mismos efectos o beneficios, dejando al matrimonio, finalmente, como un mero nombre, carente de estatuto propio y original y desperfilado en sus deberes y derechos”, indica.
El documento también abordó la reforma al sistema educacional que promueve el Gobierno, que pretende mejorar su calidad y otorgar gratuidad en todos sus niveles.
Al respecto señala que “la Iglesia está de acuerdo en la necesidad de una reforma educacional y para lograr este propósito seguiremos colaborando en aportar con los proyectos presentados por el gobierno, desde nuestra identidad y buscando siempre el desarrollo integral de la persona”.
Otro aspecto que toco la declaración fue el de la violencia en la sociedad y puso espacial énfasis en los “actos terroristas”, como los que se han registrado recientemente a través de la colocación de explosivos en estaciones del Metro.
“Miramos con especial preocupación el incremento de la violencia en medio de nuestra sociedad, especialmente en atentados terroristas, y a través de actos de delincuencia cada vez más sofisticados, que revelan la existencia del crimen organizado, además del flagelo del narcotráfico en medio nuestro”, señaló.
