Como la prueba de “un grave intervencionismo electoral por parte del Gobierno”, calificaron los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Jaime Bellolio (UDI) los resultados de un estudio de la asignación de recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), dependiente del Ministerio del Interior, para todas las comunas del país.
Y es que según los parlamentarios, la información oficial, obtenida vía transparencia, revela que los grandes favorecidos son alcaldes de la Nueva Mayoría.
Según el informe, que se enfocó en el Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal (PMU) y el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), entre 2014, 2015 y el primer semestre de 2016, la Subdere asignó 630 millones de dólares a la gestión municipal, con un marcado cambio de criterio para este año electoral.
Según explicó Monckeberg, “los datos revelados son categóricos, pues no hay ninguna justificación para el evidente cambio que hay en los criterios de asignación de recursos entre un año electoral y los otros”. Según detalló, si bien en 2014 hubo un relativo equilibrio en la entrega de los recursos en relación a las coaliciones (un 57% a la Nueva Mayoría y un 38% a comunas cuyo alcalde adhiere a Chile Vamos), en 2016, año de elecciones municipales, un 70% se entregó a comunas cuyo alcalde adhiere a la Nueva Mayoría y tan solo un 27% a las de oposición.
Por esto, para Monckeberg «estos números, demuestran que la Nueva Mayoría no ha perdido su vieja costumbre de capturar el Estado para fines políticos. Cuando un Gobierno empieza a utilizar los proyectos sociales no para ir en ayuda de quienes más lo necesitan, sino para conseguir la mayor cantidad de votos, se comete una injusticia inaceptable con los más vulnerables de nuestro país, que requieren ayuda sin importar de que partido es el alcalde de su comuna.”
Por su parte, el diputado Bellolio acusó que “el Gobierno ha dicho que quería aplicar la retroexcavadora y refundar el país. Sin embargo, hay algunas prácticas que no están ni con retroexcavadora ni refundadas, ellas son las del clientelismo político, las de suponer que el Estado es un botín de guerra para quien gana la presidencia, que hay que entregar los recursos de manera discrecional, arbitraria, discriminando a las personas, solamente por amiguismo político”.
Para el parlamentario de la UDI, estos antecedentes, que calificó como “graves”, merecen una “respuesta razonable por parte del ministro del Interior, de quien depende la Subdere. El ministro Fernández debe darle una respuesta a la ciudadanía”, emplazó, cuestionando luego: “¿Hay alguna razón por la que hoy día tengan que entregarse el doble de recursos por persona a las comunas de la Nueva Mayoría? Ninguna más que el intento de salvataje de la elección municipal”.
PUB/PCP
