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Uno de cada 10 alcaldes electos es mujer. Una realidad que refleja la discriminación de género que existe en nuestro país y el poco acceso que aún tienen las mujeres a posiciones de poder, incluso en el ámbito local.
Según los datos recopilados por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), entre las 40 alcaldesas elegidas el pasado domingo, gobernarán a 2,8 millones de chilenos. Muy lejos aún de los cerca de 14 millones que estarán bajo la gestión masculina.
La media latinoamericana es de 10,6%, número que demuestra que el problema no es único de Chile. Sin embargo, hay experiencia que destacan por sobre el resto: Uruguay y Bolivia, con 25,3% y 22%, respectivamente. Ambos países poseen ley de cuota que impone un porcentaje mínimo de candidatas, una experiencia que comenzará a regir en Chile desde 2017.
Para Roberto Lagos, director de estudios de Amuch, los números demuestran que la política en lo municipal, parlamentario e incluso ministerial, sigue siendo machista. “Hay decisiones estructurales que impiden a la mujer tomar decisiones al interior de los centros de poder”, indicó a Publimetro.
De acuerdo a Carmen Andrade Lara, directora de la Oficina de Igualdad de la Universidad de Chile, aún persisten muchas barreras para acceder a los cargos de representación política.
«Se da la paradoja que las mujeres son mayoría, por lejos, entre los dirigentes sociales. Sin embargo, en los organismos de más poder, incluso a nivel comunitario, ellas desaparecen y pasan a ser espacios masculinizados”, explicó.
«Todavía no se han superado las dificultades que por una parte las limitan a ser candidatas y cuando lo logran se enfrentan con una serie de barreras: culturales, económicas y políticas en los propios partidos”, agregó.
La experta advierte la existencia de ciertas pautas culturales que asocian la política a una “manera de poder masculina más autoritaria y menos participativa”. Y aunque enfatiza en que también existen mujeres con este tipo de liderazgo “en general el imaginario es que los políticos son hombre y saben dirigir”.
Un tipo de discriminación que, de acuerdo a Andrade, debiera comenzar a revertirse a partir de la vigencia de la ley de cuotas. «La evidencia internacional demuestra que sin mecanismos de acción positiva, como son las leyes de cuotas, difícilmente va a aumentar la participación femenina».
