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Tras descartar apelación, defensa de bolivianos prepara un recurso de amparo

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, confirmó este miércoles que su país recurrirá al amparo constitucional para lograr la liberación de los nueve bolivianos detenidos en la cárcel de Alto Hospicio de Chile, acusados de robo y otros delitos en la frontera.

«La estrategia jurídica ha recomendado que antes de apelar la decisión de detención preventiva por 120 días, en aplicación del artículo 140 del Código Procesal de Chile, más bien se debe interponer un recurso de amparo constitucional”, anunció el ministro, según publicó la prensa de La Paz.

Acotó que jurídicamente se ha visto que, de acuerdo a los procedimientos constitucionales en Chile, el recurso de amparo procede de manera directa cuando hay un caso de vulneración de derechos fundamentales, el cual, mencionó, se presenta en este caso.

Esta nueva orientación de la defensa quedó de manifiesto este martes, cuando la defensa de los bolivianos no recurrió a la Corte de Apelaciones de Iquique para revertir las prisiones preventivas decretadas por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.

Además, en Santiago se informó que el abogado Roberto Celedón se sumó este miércoles al equipo de la defensa que ya integran Claudio Vila y Matías Coll. En 2013, Celedón representó a tres militares bolivianos que estuvieron un mes en prisión preventiva y que, tras acogerse a un juicio abreviado, fueron expulsados del país.

Antes del anuncio de Romero, la ministra de Comunicación de Bolivia, Gísela López, anunció que denunciarán a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las supuestas humillaciones que periodistas de su país habría sufrido en el aeropuerto internacional de Santiago.

«Hemos estado haciendo las gestiones en coordinación con el Defensor del Pueblo, ellos están tratando la temática y seguramente les van a comunicar en las próximas horas de que se está concluyendo el documento de queja ante la CIDH», dijo.

La Asociación Nacional de Prensa de Bolivia afirmó que un grupo de profesionales de ese país acudió a la capital chilena para participar en una actividad de la empresa Latam, instancia en la que fueron «obligados a firmar un compromiso de mantener un buen comportamiento en territorio» nacional.

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