Gobierno y mapuches se responsabilizan mutuamente ante posibles muertes

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El gobierno y los representantes de los 35 mapuches en huelga de hambre se responsabilizaron hoy mutuamente de la posible muerte de alguno de los comuneros en ayuno, una veintena de los cuales cumplen este martes 79 días sin ingerir alimentos sólidos.

“El responsable de esto, si llegara a haber un desenlace fatal, es el Estado en su conjunto, y quien administra el Estado en este momento es el Gobierno de turno, que serían los responsables de cualquier desenlace fatal”, dijo uno de los portavoces indígenas, Rodrigo Curipán, a Radio Cooperativa.

Curipán insistió en que los huelguistas “están al borde de un desenlace fatal” y subrayó que las dos próximas semanas “son críticas”, según ha señalado la Cruz Roja Internacional y los médicos que supervisan la salud de los huelguistas.

En tanto, la portavoz del Gobierno, Ena Von Baer, replicó que los únicos responsables de que algún comuneros fallezca serán los propios huelguistas, a los que volvió acusar de “intransigentes”.

“La responsabilidad, si es que se produce una desgracia de tal naturaleza, es de los propios huelguistas, que se han puesto en una posición absolutamente intransigente”, sostuvo Von Baer en declaraciones a la misma radio Cooperativa.

Las conversaciones directas entre las partes quedaron ayer en suspenso después que el Gobierno se comprometiera a no aplicar la ley antiterrorista en las causas contra los mapuches, pero no pudiera hacer lo mismo en nombre de los Poderes Legislativo y Judicial.

Curipán aseguró que comprenden la postura del Ejecutivo, que siempre les dijo que no se inmiscuirían en competencias de los otros poderes, pero añadió que los mapuches esperaban que la propuesta del Gobierno “no fuera tan liviana, tan frágil y poco realista”.

Tras la última reunión con el Ejecutivo, sostenida ayer, los mapuches llamaron a una mesa de diálogo que incluya además al Poder Judicial y al Legislativo, que tramita una reforma de la ley antiterrorista propuesta por el Gobierno.

“Sabemos que la legislación de la ley antiterrorista es importante, pero así como va de lenta la modificación, en una semana más se nos morirán los hermanos dentro de la cárcel. Por eso estamos pidiendo la voluntad de ambos poderes”, agregó el portavoz.

Por su parte, Von Baer defendió que el Ejecutivo “ha hecho todos los esfuerzos posibles” para que los mapuches depongan la huelga y señaló que si mantienen esa medida “es porque están pidiendo algo que sería ponerlos sobre el imperio de la ley”.

“Hay que comprender que aquí hay un Estado de Derecho, que cada poder cumple su propio rol y nadie le puede pedir a los poderes del Estado que se salten la ley, porque eso pone en peligro el funcionamiento del Estado de Derecho a largo plazo”, explicó.

En tanto, el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, que ha ejercido como “facilitador” del diálogo entre el Gobierno y los mapuches, señaló hoy que está disponible para retomar las gestiones, si los comuneros acceden a volver a conversar.

Asimismo manifestó que si los comuneros sostienen que los otros poderes del Estado deben sentarse a la mesa de diálogo: “no me corresponde a mí erigirme como facilitador del diálogo”, en una entrevista con radio ADN.

Por otra parte, a través de un comunicado difundido en Santiago, la organización Human Rights Watch (HRW) estimó que el debate en el Congreso sobre las reformas de la ley antiterrorista y del sistema de justicia militar “constituye un paso en la dirección correcta”.

“Sin embargo, los legisladores  chile nos deben asegurarse que esta posibilidad para cumplir con las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos de  Chile  no sea una oportunidad perdida”, añadió el director para las Américas de HRW, el  chile no José Miguel Vivanco.
Fuente: EFE

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