Hace unos meses, el sitio web Wikileaks, el emisario del nuevo periodismo investigativo, hizo pública la opinión que el Presidente de Chile tenía sobre un emblemático proyecto de generación eléctrica. Según ese documento, “Piñera está en desacuerdo con los grupos ambientales que buscan bloquear la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos en la Patagonia”. Si había alguna duda sobre lo que el Mandatario pensaba respecto a la megacentral, quedó disipada en el acto. El gobernante sabía que el de HidroAysén sería un proceso difícil, pero sus cálculos le hicieron pensar que había sumado respeto en materia medioambiental cuando canceló la construcción de la central termoeléctrica en Punta de Choros porque podía dañar el ecosistema. Ahora giró de esa misma cuenta corriente al permitir que HidroAysén siguiera adelante. Si quedó sobregirado, está por verse.
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El Mandatario espera despercudirse de la controversia porque al proyecto le queda mucho camino por andar. HidroAysén debe negociar con 3 mil propietarios, que poseen terrenos a lo largo de los más de 2 mil kilómetros por donde pasará el tendido eléctrico que transportará la energía hacia la Región Metropolitana. Esa etapa podría estar resuelta después del 2013, cuando Piñera ya vaya de salida. Es decir, para él, la de ayer fue la decisión más difícil. Ahora, vuelta de página. Habrá que ver si lo consigue y el tema no le pena en las encuestas.
A quien también puede golpear la aprobación de la megacentral es al ministro Laurence Golborne. Imposible mejor rankeado en los sondeos, la autoridad se puso como objetivo definir qué tipo de matriz energética requerimos. Discusión necesaria porque mientras el mundo debate sobre incentivos para mejorar la eficiencia de las energías alternativas renovables, aquí en Chile ni los cálculos respecto de cuánta electricidad necesitamos son claros. Depende mucho de quién los hace y la verdad nunca hemos sabido si detrás de ellos están las propias empresas interesadas.
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Construir un proyecto tan grande como el de HidroAysén sin que haya una política energética y una mejor definición del sistema tarifario parece un suicidio. Más todavía cuando sólo tres grandes actores son los que manejan la generación: Colbún, Endesa y Gener. Dicho por el mismo Gobierno, los altos precios se deben precisamente a la falta de competencia.
A todo lo anterior, se suma que un tercio de los que ayer tenían que votar se inhabilitaron por sus vínculos con la empresa evaluada, situación que merece un detenido análisis. Además, el ministro del Interior, superior jerárquico de la mayoría de los que debían autorizar o rechazar la iniciativa, salió públicamente a apoyar a HidroAysén. Esa es nuestra “institucionalidad”. En un país como el nuestro, en lugar de erradicar la contaminación de un determinado lugar, se opta por cerrar el colegio que sufre de sus efectos, como ocurrió en La Greda (donde se autorizaron otras dos termoeléctricas). Esa “institucionalidad” que, cuando se quiere, el propio Presidente de la República se pasa por alto como lo hizo con Barrancones. Si todo esto es “institucionalidad”, mejor ni saber qué pasaría si no hubiese una legalidad que respetar.