Con un argumento más que razonable -estaban explotando recursos chilenos que no se renuevan- nuestro país decidió hace algunos años cobrarle a las empresas mineras un impuesto específico adicional, el famoso royalty.
Pero los empresarios y casi toda la centro-derecha pusieron el grito en el cielo. No les parecía justo (y algunos lo tildaron incluso de ilegal) que se les impusieran nuevas exigencias que no habían sido acordadas previamente. Las discusiones fueron largas y llenas de argumentaciones técnicas de lado y lado hasta que se llegó a un consenso. Se acordó subirlo. Más de lo que querían pagar los exportadores aunque menos de lo que la autoridad esperaba.
A nadie le gusta que les cambien las reglas del juego. Es cierto. Pero las razones en ese caso fueron justificables, se utilizó un modelo aplicado hace décadas en otros países y, por sobre todo, se hizo de forma pública, transparente y negociada.
Uno de los grandes temores de los inversores presentes hoy en Perú es que el presidente electo, Ollanta Humala, vaya a subirles los impuestos. No quieren que les modifiquen ni una coma de los acuerdos. En un país donde existen más de 230 focos de conflicto porque las áreas pobres han quedado marginadas del enorme crecimiento que disfruta el país gracias a las exportaciones minerales y forestales que extraen de esas mismas tierras, no es tan descabellado que el nuevo mandatario evalúe pedirles a esos empresarios un esfuerzo adicional. Para ellos significa dejar de ganar pero para esos pobres, un tercio de todo el país, una diferencia que los podría sacar de la marginalidad.
Pero no. Los inversionistas hicieron sentir su rechazo al candidato electo con un desplome histórico de la bolsa de comercio de Lima. No quieren ser afectados.
El mundo empresarial suele exigir que cualquier cambio que la autoridad decida hacer a la normativa que los rige sea mínimo, no afecte la inversión y ojalá no disminuya sus utilidades. Lamentablemente hay demasiados ejemplos que demuestran que no siempre ocurre lo mismo cuando es al revés. Si el que cambia las reglas en su favor es el empresario, el proceso para hacerlo muchas veces no es abierto, transparente y público y, además, es ilegal.
Esta última semana Chile ha sido testigo de dos denuncias demasiado indignantes que confirman que para algunos la ética podría ser un concepto que se exige pero no se aplica.
Las empresas Pullman, Tur Bus y otras de transporte interurbano fueron acusadas de prácticas anticompetitivas porque se habrían coludido para acaparar oficinas en varios terminales, obstaculizando el ingreso de nuevos competidores a varias rutas y porque habrían acordado tarifas y frecuencias, causando un daño a la libre competencia y, por ende, a los consumidores.
En otro episodio, la empresa La Polar tuvo que reconocer que cometió malas prácticas en su cartera de crédito, al renegociar deudas sin acordarlo con sus clientes, con cuotas y montos que eran fijados por la empresa y que encarecerían excesivamente la deuda. Incluso esos deudores se enteraban después de recibir cartas de cobranza o cuando aparecían en Dicom. Ya suman más de 2 mil los reclamos y la lista podría seguir creciendo. Considerando que las AFP tienen una cuarta parte de las acciones de la empresa y que éstas se desplomaron fuertemente en la Bolsa de Comercio de Santiago, el daño causado ya no sólo afecta a quienes tienen tarjeta de esa casa comercial.
Hemos tenido otros lamentables ejemplos de malas prácticas empresariales. Las tres cadenas de farmacias que copan nuestro mercado fueron acusadas de acordar los precios de cientos de medicamentos, perjudicando al consumidor e incluso poniendo en riesgo la salud de los que no pudieron comprar esos remedios porque sus precios estaban artificialmente altos.
En la Dirección del Trabajo sobran las denuncias de abusos cometidos contra los trabajadores y hay empresas que multiplican sus razones sociales sólo para impedir la sindicalización de sus empleados.
Como todo en la vida, los hay buenos y malos. Claro, están los que respetan las leyes y moldean con su ética el crecimiento y desarrollo. Pero están también los que buscan un beneficio adicional o salvarse de una crisis engañando y vulnerando normas. Pregunten si no a EEUU, donde la última de sus crisis la gatillaron los abusos de sus bancos.
Los mismos que piden dejar actuar al mercado muchas veces son los que obligan a una mayor regulación. Los que no quieren que les cambien las reglas, las acomodan a su antojo empobreciendo aún más al que poco tiene. Aunque se trate de un puñado de casos, unos pocos bastan para provocar frustración e indignar a muchos.
Los sociólogos coinciden en que las protestas que vemos en las calles se deben a que la gente se está rebelando contra el poder. Pues bien, lo que han hecho algunos poderosos es echarle más leña a la hoguera.
