No era necesario aguardar los casi indigentes resultados de la encuesta Adimark para entender que la clase política no ha sabido estar a la altura de lo que la sociedad le ha estado pidiendo a gritos. De lado y lado del espectro político, su capacidad de sintonizar con las demandas ciudadanas ha sido nula. Desde la crisis del gas en Magallanes a las súplicas indígenas, pasando por las reivindicaciones de igualdad, críticas a la institucionalidad medioambiental, indignación por los abusos a consumidores y las demandas educativas, casi todos los temas que impactan en la población han tenido una pobre reacción de parte de quienes nos dirigen. Peor todavía, al comienzo de cada una de esas movilizaciones nadie fue capaz de dimensionar la magnitud del problema. Se les bajó el perfil y se pensó que nada podía ser tan profundo si habían sido convocadas a través de las redes sociales, lo que muchas autoridades todavía ven como el patio de un colegio y nada más.
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Los estudiantes, profesores, académicos y rectores llevan meses movilizados pidiendo ser escuchados. ¿Qué habían recibido como respuesta? Hace una semana el ministro de Educación, Joaquín Lavín, se quejaba amargamente porque el tema se “había politizado”, como si esto no se tratara precisamente de un problema de políticas públicas. La propia vocera de Gobierno, Ena von Baer, en un ejemplo de incapacidad total de armonizar con esas demandas, cuestionó la petición para que el pase escolar funcione todo el año porque lo usarían masivamente los viernes en la noche. Y así, suma y sigue.
El Presidente Piñera paga personalmente con su 31% de aprobación y 60% de rechazo esa carencia general de empatía que el oficialismo ha mostrado durante estos meses. La Concertación y su 68% de desaprobación demuestra que tampoco supo entender lo que la gente está reclamando.
Tratando de corregir el error, esta semana el Gobierno lanzó una batería de anuncios para mejorar el acceso a la educación superior, aumentar la calidad y corregir el financiamiento. Sin embargo, y aunque más vale tarde que nunca, la forma de abordar el problema otra vez deja más dudas que certezas.
Es un esfuerzo innegable por apuntar a los problemas de fondo de nuestro sistema educativo, pero insuficiente o, al menos, poco claro. Veamos algunos ejemplos.
Habrá mejor crédito y un aumento de las becas, pero, como es sabido, estos se basan en un arancel de referencia que siempre es más bajo del que cobran las instituciones de educación superior. Si el Gobierno sube su arancel referencial, se puede dar como paradoja que las universidades sientan con ello un incentivo para aumentar los suyos. El famoso lucro. El Gobierno no sinceró si está o no de acuerdo con él, un tema clave que permite saber hacia dónde cree la autoridad que debe ir el mercado educativo.
Sólo pueden postular a un crédito con el aval del Estado quienes quieran estudiar en universidades acreditadas y hay muchas que aún no lo están. Peor todavía, el sistema para acreditarlas sólo se fija en cuestiones básicas como infraestructura e insumos para educar y no en los resultados que arroja esa casa de estudios. No considera temas como la deserción o la inserción laboral.
Aunque se confirmó un fondo por US$4 mil millones, no se dijo que esa cifra se gastará de aquí al 2018. Es decir, se prorratea por los próximos 7 años.
Los que han marchado no sólo han sido los estudiantes universitarios. También lo han hecho (y seguirán haciendo) los secundarios, que reclaman mejoras sustantivas para acceder a una educación de calidad.
Con el argumento de que esa reforma “ya se hizo”, el Gobierno no abordó en su paquete nada relacionado con la educación preescolar y la educación técnico profesional. Tampoco se dijo nada sobre la institucionalidad de la educación pública, si debe seguir siendo municipalizada o no y menos hubo palabras sobre la siempre cuestionada carrera docente. Considerando que un 40% de los estudiantes que egresa de la educación media no entiende lo que lee, si no se mejora el origen, corregir el destino del estudiante secundario podría no servir de mucho.
Aunque las pretensiones del Gobierno parecen ser las correctas, la poca claridad de las mismas dejan más incertidumbre que seguridad. Al menos se dio un paso. Pero es uno de muchos. No sabemos si vendrán otros y menos si serán firmes y constantes. Para colmo, existe en el Congreso un protocolo firmado por ambas coaliciones políticas donde coinciden en todo lo que se debe hacer para mejorar lo que es evidente que está mal. Ahí quedó el protocolo. En eso. Como siempre, faltan soluciones y sobran los diagnósticos. Al final del día, el resultado de una encuesta política es eso mismo: el diagnóstico que el país hace de sus dirigentes. Vendrán otras con similares resultados. El cómo mejorar la evaluación ciudadana, es decir, el diagnóstico, dependerá de las soluciones que propongan los que hoy están al debe. La sociedad ya habló. El turno ahora es de ellos.