Columna de Juan Manuel Astorga: "En su propia trampa"

La renuncia, anoche, del recién designado ministro de energía, Fernando Echeverría, quien argumentó un eventual conflicto de intereses para dejar el cargo a tres días de haberlo asumido, es el último capítulo de una historia demasiado larga de errores no forzados cometidos por el actual Gobierno.
“Me pareció lo justo presentar la renuncia”, dijo el ex intendente metropolitano para explicar su salida, motivada porque cayó en la cuenta de que una de sus constructoras tenía contratos para levantar una central termoeléctrica.

Haberlo designado sin chequear cuestiones mínimas como ésta dejan a la administración del Presidente Piñera en una posición muy incómoda. No haberle preguntado antes de designarlo si creía que alguna de sus empresas podía estar vinculada de alguna forma al área de la energía es incomprensible. Es más, la misma pregunta debió hacérsele a Echeverría cuando asumió como intendente. Dado que era un conocido empresario vinculado a la construcción, la interrogante estaba más que justificada.

Lo más impresentable es que, dada la magnitud del cambio de gabinete que el Mandatario llevó a cabo esta semana, se esperaba que la cirugía que se le practicó al equipo de Gobierno haya sido cuidadosamente estudiada para evitar que algún error amenazara con opacar esa reestructuración. Obviamente eso no pasó. Peor todavía. Tras las protestas por la construcción de una central termoeléctrica en Punta de Choros, que terminó siendo cancelada, y de una megacentral hidroeléctrica en HidroAysén, el tema de la energía se instaló en la agenda como uno de los prioritarios para la ciudadanía. No sólo no tenemos una política energética sino que en menos de un año y medio ya van tres ministros en el cargo y ahora se busca un cuarto.

Aunque no se quiera, con este bochorno se grafica la imagen de un Gobierno que aparece como amateur. Tan irónico es esto que 5 minutos antes de que Echeverría anunciara su salida, el Gobierno estaba designando a Cecilia Pérez como nueva intendenta metropolitana en reemplazo, precisamente, del hombre que había dejado ese puesto para asumir como ministro. Más irónico todavía, la salida de Echeverría la comunica el nuevo vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, primo del propio Presidente. Si hay o no conflicto en el parentesco, no está claro, pero al menos se ve, políticamente hablando, muy poco estético.

Los conflictos de intereses fueron un dolor de cabeza que acompañó a Sebastián Piñera durante toda su campaña como candidato y sus primeros seis meses como Presidente. Si había una lección que se debió haber sacado de tan amargo episodio era precisamente esa. Quedó claro que no.

El subsecretario de deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, trató de mantener hasta donde pudo su participación en la sociedad Blanco y Negro, a pesar de la lluvia de críticas que recibió porque no podía ser el principal accionista del equipo de fútbol más grande del país y, al mismo tiempo, la autoridad deportiva. Terminó vendiendo pero después de meses de críticas.

La rigurosidad al momento de las designaciones es algo que ha fallado en este último año y medio. Tuvo su primer eslabón en el nombramiento como gobernador de la Provincia del Biobío de José Miguel Stegmeier, hombre que había sido vinculado con Colonia Dignidad. Su permanencia en el cargo fue más que breve. Hubo otros casos, pero de todos, el más emblemático será probablemente –si es que no surge otro en los dos años y medio que quedan por delante- el de Joaquín Lavín. Aunque desligado de la Universidad del Desarrollo al momento de asumir como titular de Educación, era bastante obvio que su activa participación en una casa de estudios privada tenía mucho para jugarle en contra y realmente nada que lo favoreciera. Cuando las movilizaciones estudiantiles han apuntado al lucro en educación, una práctica prohibida por ley pero muy común en Chile, que el ministro a cargo de resolver la crisis apareciera como un eventual beneficiado de ese lucro era algo imposible de sostener en el tiempo.

La nueva forma de gobernar prometía llevar a los mejores del mundo privado para servir a la administración pública. Pero esa nueva forma tenía también un fondo: hombres y mujeres que provienen de un mercado en el que confían a veces tanto o más que en el rol regulador del Estado. Para minimizar un riesgo que se advirtió hasta la saciedad es que resultaba imperioso garantizar que el ahora regulador no tuviese conflicto de intereses con el sector regulado. Esa garantía no existe. Si en el Gobierno tienen la convicción de que la educación es “un bien de consumo”, como lo dijo Piñera esta semana, o que el caso La Polar fue un “accidente”, o que el alza del precio del pan era “consecuencia del funcionamiento del mercado”, como lo planteó el ex ministro de Economía, Andrés Fontaine, entonces es precisamente ese mercado el que llegó a administrar las riendas del Estado. Y cuando eso ocurre, el riesgo de conflictos de intereses se multiplica. ¿Cuánto está haciendo el Gobierno por evitarlos? Está claro que no lo suficiente. De lo contrario, no se habría designado como ministro de Energía a un empresario con negocios en una central eléctrica.