Columna de Juan Manuel Astorga: "A cuatro meses...¿en qué estamos?"

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Han sido contadas las oportunidades en que un mismo tema ha monopolizado la agenda nacional por tantos meses como lo ha hecho el conflicto estudiantil. Cansados de lo mismo, algunos consideran que la intransigencia del movimiento escolar y universitario ha llevado las cosas a un límite que se está volviendo perjudicial para ellos mismos. Pues bien, llegó el momento de aterrizar el tema.

Los jóvenes pasaron de un petitorio original de 20 puntos a uno de sólo cuatro. ¿Intransigentes? Lo dudo. Han solicitado cuestiones tan básicas como hacer cumplir la ley que impide el lucro en la educación superior. El Gobierno ha respondido con el compromiso de crear una Superintendencia que fiscalice a las universidades. Hasta ahí todo bien, salvo por el matiz que introdujo el propio Presidente Piñera hace un par de meses al señalar que las instituciones que lucren deberán pagar impuestos por el retiro de esas utilidades. Bueno, ¿se puede o no se puede lucrar?.

Los estudiantes han solicitado total y completa transparencia en las conversaciones con el Gobierno y éste ofrece sólo hacer públicas las minutas de los encuentros, sin detallar quién las redactará y cómo y de qué forma serán divulgadas. A quienes critican a la Confech por exigir transparencia mientras en sus consejos estudiantiles se reúnen a puertas cerradas, valga aclarar que lo que ellos están requiriendo es que las conversaciones con el Gobierno no sean entre cuatro paredes sino de cara a la ciudadanía.

Pedir que los encuentros de la Confech se hagan públicos equivale a solicitar que se publiquen las actas de las reuniones de gabinete. Cada parte define en privado sus estrategias y posturas. Lo que pretende el movimiento es que el diálogo entre los dos protagonistas sea público, para que al país no le queden dudas sobre cómo se alcanzaron eventuales acuerdos.

La Confech ha planteado que se suspenda la tramitación de los proyectos de ley vinculados a la educación mientras se conversa con el Ejecutivo. La Moneda se opone a la idea con el argumento de que esas iniciativas van en directo beneficio de los alumnos más desprotegidos y que, en el peor de los casos, se pueden enviar indicaciones. ¿Es posible asegurar que existe total voluntad de querer sentarse a negociar si el Gobierno ya definió cuáles son los proyectos que deben ser debatidos ahora? La duda de los estudiantes es más que atendible.

El último punto que estaban pidiendo era la re-calendarización del año académico. Hasta el domingo pasado, el Gobierno esgrimía que eso era imposible. Es más, ese mismo día señaló que más de 70 mil escolares perderían el año escolar a raíz de las tomas y movilizaciones. Tres días más tarde, la misma autoridad que había planteado la imposibilidad de flexibilizar las fechas, anunció una prórroga para que los alumnos que quieran dar exámenes libres puedan inscribirse. De forma directa, la autoridad está responsabilizando a los líderes estudiantiles por la eventual repitencia de esos estudiantes. Setenta mil escolares es una cifra muy alta y aunque sólo equivale al 2% de una matrícula de 3.5 millones de estudiantes, es bastante obvio que esa eventual masa de repitentes golpeará profundo y dejará una dolorosa cicatriz en la historia educacional chilena. Sin embargo, resulta difícil de creer que esos 70 mil escolares no fueron informados de la posibilidad de inscribirse en el programa “salvemos el año”, dispuesto por el Gobierno. Muchos de ellos, en las puertas de sus colegios en toma, han sido enfáticos en expresar que adoptaron la decisión de no acogerse a los exámenes libres como un forma de presionar a la autoridad por respuestas. Podrán ser acusados de testarudos, pero nunca de que fueron forzados por sus líderes a no inscribirse para salvar el año.

Por último, a quienes plantean que el movimiento perdió el norte porque se politizó, bien vale decir que éste es precisamente un problema político. Es un debate de políticas públicas, quizás la más importante de todas, aquella que define nuestro futuro como sociedad. Además, acusar a una de las partes de estar politizada y evitar decir lo evidente –que la otra tiene partidos e ideología también conocida- es ningunear uno de los debates más relevantes y necesarios que alguna vez haya tenido nuestro país.
Todos coinciden en que el modelo educacional está en crisis. Nadie quiere que los alumnos pierdan el año. El país clama por un acuerdo. Pero acusar a los estudiantes de intransigentes cuando han reducido considerablemente su petitorio y, peor aún, apostar a un debilitamiento de la Confech, es no haber entendido nada durante estos cuatro meses.

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