Columna de Juan Manuel Astorga: "El gallito"

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El Gobierno está dando el vamos a uno de sus desafíos políticos más importantes del año: la discusión sobre el Presupuesto de la Nación para el 2012. Y aunque está intentando desde la partida tomar el toro por las astas, las cosas no se advierten fáciles.

Partamos por explicar primero que el proyecto de ley que define cuánto y en qué se gastará el dinero el año siguiente debe ingresar a más tardar antes de la medianoche del 30 de septiembre de cada año.

Ese día es hoy. Desde ese momento el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para discutirlo, aprobarlo o rechazarlo. Son dos meses que siempre se hacen poco cuando hay tanto por analizar y, más todavía, cuando el Gobierno de turno no tiene las mayorías en el Parlamento para aprobarlo sin haber consensuado las distintas partidas presupuestarias. Este es el caso. Por lo mismo, el Presidente Sebastián Piñera decidió dar una señal potente señalando que anticipaba en un día el envío del proyecto al Congreso y no esperar hasta último minuto, como suele ocurrir casi siempre. Su idea era transmitir algo así como “tengo bastante claro en qué gastaremos los recursos públicos y por lo mismo no voy a esperar hasta mañana para mandar la iniciativa”. Si lo consiguió o no, poco importa porque, al final, será en Valparaíso donde tendrá que convencer de que su proyecto es sólido.

El Gobierno pretende focalizar parte importante de los recursos para el próximo año en tres áreas que le están resultado preocupantes. Una de ellas es la seguridad, donde está al debe. Sus promesas de reducir la delincuencia están muy lejos de haberse cumplido. La segunda es la salud, que se teme, sea caldo de cultivo de un nuevo foco de conflicto social. La tercera y más obvia es la educación, donde la inyección de recursos será notoria. Y es aquí donde aparecen más dudas que certezas. Habrá que ver primero si a los estudiantes les gusta el proyecto y si están de acuerdo con las prioridades que el poder ejecutivo plantee al momento de gastar esos recursos.

A todo lo anterior habrá que agregar otras dos discusiones que se aprecian como inminentes. La primera es si  habrá espacio para mantener como permanente el alza transitoria de impuestos que se le aplicó a las grandes empresas luego del terremoto. La otra es si habrá ocasión de examinar una reforma tributaria. Esta última medida no sólo buscaría recaudar más impuestos, sino también dar una potente señal que muestre la convicción de que los que más ganan deben contribuir más también.
Ambas ideas rondan en La Moneda, pero nadie se atreve a aventurar un pronóstico a la hora de saber si contaría con los votos suficientes en el poder legislativo.

Para finalizar, cabe decir que la ley de Presupuesto se convertirá en un objeto de disputa entre dos ministros: el de Economía, Pablo Longueira, y el de Hacienda, Felipe Larraín. Aunque la preparación, redacción y envío al Congreso es menester de este último, al ex senador UDI eso le da lo mismo. Esta semana se ha referido en varias oportunidades a los contenidos de la iniciativa, generando incomodidad en el hombre que vela por las arcas públicas.

Longueira mantiene un soterrado conflicto con Larraín desde que llegó al gabinete hace unos meses. Fue quien anticipó que el Gobierno estaba disponible para estudiar una reforma tributaria, lo que fue desmentido rápidamente por el titular de Hacienda. No sólo eso. Esta última semana anunció que por mandato del Presidente de la República se introducirían cambios al sistema que mitiga el alza en el precio de las bencinas, lo que fue descartado por Larraín.

La pugna entre ambos podría parecer poco relevante, pero cobra preponderancia porque uno de los dos deberá ser el hombre que negocie con la Concertación el Presupuesto en el Congreso. A la oposición le resulta más cómodo hacerlo con Longueira, no sólo porque es un viejo conocido con el que ya ha pactado antes otros acuerdos, sino porque no le reconocen capacidad política alguna al ministro Larraín. El titular de las finanzas públicas tiene un perfil técnico que es muy útil al momento de sacar la calculadora, pero inservible cuando de negociar votos se trata.

Lo que se apruebe de aquí al 30 de noviembre dependerá entonces de la convicción con la que el Gobierno defienda su iniciativa, de cómo quedaron puestas las prioridades, de si habrá o no ganas de avanzar en modificaciones a los tributos que pagan los que más tienen y de la musculatura que tenga el negociador. Si será Longueira o Larraín, eso está por verse. Hasta ahora, el gallito lo va ganando el primero.

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