Columna de Juan Manuel Astorga: "Predicar con el ejemplo"

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La garantía que asegura un normal y correcto funcionamiento de nuestro país descansa en sus instituciones. Es la independencia de sus tres poderes del Estado y el respeto que se tenga hacia ellas lo que avala la estabilidad de quienes guían a sus sociedades. Lamentablemente nos están sobrando ejemplos de que ese respeto ha sido puesto en duda en los últimos meses.

Se puede o no estar de acuerdo con el Presidente de la República, pero la discrepancia se manifiesta siempre dentro del marco del respeto a lo que él o ella represente. Pedirle una reunión y luego dejarlo plantado, como lo hizo hace algún tiempo la Concertación, es faltarle el respeto a la figura del Mandatario, más allá de que esa figura hoy la encarne Sebastián Piñera. Insultarlo durante el acto republicano de la cuenta pública ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo, aparece como otro ejemplo del irrespeto hacia la institución presidencial.

Sin embargo, es cierto también que en nuestra historia, no pocas veces han sido las propias autoridades quienes han dado pie para que se cuestione su investidura o la de terceros.

Buena parte del espectro político coincide en que el presidente del Senado, Guido Girardi, se equivocó en su determinación de no solicitar el desalojo de la sede del ex Congreso, tomada hace una semana por secundarios y ambientalistas. Y aunque el matiz está en si eso debería ser castigado con su destitución del cargo dentro de la Cámara, a la Alianza y parte de la Concertación les asiste la idea de que Girardi debilitó a un poder del Estado con su obstinación. Argumentando que él siempre ha sido partidario del diálogo, con su actitud lo que hizo fue precisamente lo contrario: anular la única posibilidad de que todas las partes del conflicto educacional -el minsitro Bulnes, rectores, parlamentarios y estudiantes- se sentaran a conversar. La toma obligó a suspender el encuentro. Más allá de eso, para muchos abrió una puerta que garantiza que, ante una futura toma del Senado, él no pedirá su desalojo. Con su actitud debilitó a un poder del Estado que en éste y otros conflictos debe ser parte de la solución y no del problema.

Tampoco ayudaron a garantizar el respeto de las instituciones las palabras del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien dijo que el Gobierno evaluará el criterio que están utilizando los jueces de garantía en sus fallos antes de decidir si serán promovidos dentro del Poder Judicial. Ribera estaba molesto porque considera que hay un “exceso de garantismo” de algunos magistrados por la poca cantidad de personas presas como responsables de los desmanes derivados de las marchas. En estricto rigor, a los jueces se les promueve según su desempeño profesional y no si han fallado según el interés particular de un determinado Gobierno. Más grave aún, las declaraciones del ministro Ribera podrían considerarse una intromisión en casos que actualmente están conociendo los tribunales.

Respaldaron a la autoridad de Justicia los ministros del Interior, Educación y vocero de Gobierno, además del propio Presidente Piñera. ¿Qué ocurriría si cuatro ministros de la Corte Suprema y el Presidente del máximo Tribunal emitieran juicios sobre el manejo político y administrativo del Gobierno? Sin duda que se leería como una crisis entre instituciones.

En lugar de poner el foco en las herramientas legales que actualmente tienen los fiscales para poder acusar a los violentistas, se objeta el accionar de los jueces. Y el cuestionamiento condiciona su comportamiento futuro y sus fallos a un eventual ascenso. En lugar de garantizar su independencia, ahora se le ha puesto en entredicho.

Se le pierde el respeto a la autoridad cuando un parlamentario agrede a un carabinero. Ocurrió la semana pasada y lamentablemente no es el único caso. ¿Si lo hace un político, por qué no podría hacerlo entonces un ciudadano común y corriente?

Exigir respeto supone primero garantizarlo desde las propias instituciones. Si la clase política no respeta a la autoridad presidencial, el presidente del Senado le falla a la Corporación que dirige, el Poder ejecutivo cuestiona el trabajo independiente de tribunales y hasta los políticos agreden a los uniformados, andar pidiendo obediencia, tolerancia y consideración con las autoridades se vuelve un contrasentido. Primero se predica con el ejemplo.
 

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