A quien aún se pregunte el porqué del descrédito generalizado de nuestra clase política, entonces vale la pena recomendarle que hojee los diarios de esta última semana. Sobran declaraciones de representantes de uno y otro sector luego de anunciada la formalización judicial de autoridades del gobierno anterior por la responsabilidad que les cabría al no dar aviso oportuno de tsunami el 27 de febrero del 2010. No hay ninguna frase, pero ninguna, que no esté vestida de pequeñez política. Cada uno intenta llevar agua a su molino. Unos tratando de minimizar lo ocurrido y otros intentando maximizar utilidades a costa del caído.
Los que defienden a los acusados, los exculpan de toda responsabilidad y no reconocen en la profunda investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente ningún mérito. Del otro lado, los que apuntan con el dedo a los investigados (que por cierto aún no está claro si tienen responsabilidad penal y por lo mismo no han sido condenados), creen que es una oportunidad inmejorable para pegarle a Michelle Bachelet, cuya altísima popularidad preocupa a quienes no la quieren como candidata presidencial en las siguientes elecciones. Pero de todas las declaraciones, ni una sola ha sido pronunciada pensando en las víctimas que murieron esa madrugada. Tampoco en sus familiares. No se habla en nombre de los damnificados ni de los heridos. Se hace sólo pensando en salvaguardar con egoísmo el reducto político que representan. Un irrespeto insólito donde sólo cabe el aprovechamiento político o la negación de responsabilidades, pero nada más.
La fiscalía busca formalizar a ocho personas -entre ellas al subsecretario del Interior de la época, a la ex directora de la Onemi, y al ex jefe del Shoa-, por sus presuntas responsabilidades penales al no decretar alerta de tsunami oportunamente. La síntesis de una acuciosa investigación establece que los funcionarios del Shoa emitieron la alarma oportunamente, pero los responsables de la Onemi no supieron leer el fax y pensaron que era una alerta amarilla que pedía estar atentos, pero no evacuar masivamente. Minutos después, cuando los jefes de la Onemi y el Shoa ya estaban en sus oficinas y las olas gigantes ya llegaban a las costas, el organismo dependiente de la Armada volvió a evaluar mal los nuevos datos y canceló la alerta. Esa fatídica cadena de errores llevó a la fiscalía a pedir que ocho de los investigados sean acusados por cuasidelito de homicidio.
Sería injusto creer que las autoridades responsables actuaron de mala fe. Pero sería torpe y ciego pensar que no son responsables de las decisiones que tomaron o dejaron de tomar. Por eso dependerá de los tribunales definir si la conducta de una autoridad en este tipo de circunstancias puede o no ser considerada delictiva. Ojo con esto porque sentará un precedente que haría que, de ahora en adelante, una errónea decisión de autoridades políticas pueda ser objeto de juicios penales.
A los que defienden sin asomo de vergüenza a los eventuales formalizados, bien vale esta pregunta: ¿Es que no hay nada de remordimiento ni cargo de conciencia por las decisiones tomadas y las que no se tomaron esa madrugada? Aunque todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, incluso cuando se prueba, es costumbre del condenado negar la culpa y hacer creer que en realidad no se es victimario sino una víctima más. Un pésimo hábito.A quienes confunden esta investigación de la fiscalía con establecer responsabilidades políticas, sería bueno recordarles que estas ya fueron establecidas a través de un informe elaborado por una comisión especial de la Cámara de Diputados. Si les gustó o no el resultado de su votación, eso ya es harina de otro costal.
Una última reflexión. Si bien la entonces Presidenta Michelle Bachelet no tuvo la responsabilidad técnica para determinar a tiempo si hubo o no maremoto, queda claro que recibió información contradictoria que la debió hacer reflexionar. En lugar de abstenerse de tomar decisiones, pudo haber ordenado la evacuación costera preventiva. El video que muestra lo ocurrido esa madrugada en la Onemi deja en evidencia que la mandataria no estaba convencida de los antecedentes que le entregaban. ¿Por qué no siguió su instinto?
Los gobernantes se confrontan con la hora de su verdad precisamente cuando deben tomar decisiones en momentos de crisis, de caos, y con información incompleta, confusa o carente de ella. Así como siempre es más fácil administrar la abundancia que la escasez, administrar en tiempos llanos es menester simple. Gobernar y ejercer el liderazgo en medio del caos es una cosa muy distinta. Y aunque a partidarios y simpatizantes les incomode, las decisiones de esa madrugada acompañarán siempre la historia de Bachelet.
