Cuevana se ve cada vez más amenazada tras debate por derechos de autor

Tras la detención en Chile de uno de los administradores de Cuevana, Cristian Álvarez, y el jueves un fiscal argentino formalizara una causa penal en contra del sitio web. ¿Presenciamos el principio del fin de Cuevana?

Ya desde enero varios analistas dijeron que el debate sobre los derechos de autor y expresión sería uno de los temas más recurrentes el año. Los hechos los han corroborado.

BBC Mundo habló con el creador del portal, el fiscal que interpuso la demanda y varios especialistas para analizar lo que puede ser el cierre de una de las páginas de internet más consultadas en América Latina.

Según Tomás Escobar, el creador de Cuevana, su objetivo es dar un servicio. Pocas páginas en el mundo son tan populares y aceptadas por el público ordinario como Cuevana, entre otras porque los portales que comparten contenidos de esta manera suelen ser más clandestinos.

Cuevana no hospeda los archivos que comparte: es un agregador que indexa vínculos de otros portales. Esta es, se dijo en un momento, la ventaja que tenía el portal para evitar demandas por derechos de autor.

Escobar le dijo a BBC Mundo que, cuando el tráfico de la página se disparó, se hizo necesario generar ingresos para pagar servidores capaces de aguantar altas cantidades de tráfico.

Fue por eso que el portal empezó a tener avisos publicitarios y recibir dividendos por ello. No obstante, dijo Escobar, “cuando vimos que la gente nos estaba criticando por usar el portal con ánimo de lucro, removimos la pauta”.

El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y especialista en delincuencia informática, Ricardo Sáenz, abrió el jueves una causa penal contra Escobar y dos de sus colegas por violación de la ley de propiedad intelectual y permitir que el acceso a videos sin que se pagara a sus autores por ello.

Luego de tres meses de investigación en el marco de una medida preliminar promovida por HBO, Telefé y otras productoras cinematográficas, el fiscal remitió la causa judicial a la oficina de sorteos de la Cámara Criminal de Buenos Aires para que se determine –por sorteo– un juez de instrucción que intervenga en la investigación del caso.

Escobar alega que no quiso convertir a Cuevana en un negocio. Los ingresos que generó los usó para mantener la página funcionando. Cuevana da pérdidas, le dijo a BBC Mundo. Y es más un hobbie que un trabajo de tiempo completo. “Nunca imaginé que fuera a llegar a semejantes proporciones”, afirmó.

Por otro lado, el fiscal Sáenz dijo que “no es un requisito de la ley que ellos ganen plata para infringir la ley de propiedad intelectual. Brindar contenido protegido es delito aunque no ganen nada con eso”.

Para investigar las donaciones que ha recibido Escobar, que según él no superaron los US$200, Sáenz le pidió al juez que investigue las cuentas bancarias asociadas a Escobar a través de PayPal y Dinero Mail. “La justicia no se puede quedar con lo que dice el imputado; debe pedir los informes”, dijo.

Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, le dijo a BBC Mundo que, “en un estado de derecho, es importante dar a los involucrados todas las garantías para su defensa. Los procesos judiciales son largos, a veces demasiado largos. “

Y eso puede ser un problema para Cuevana, porque, aun si la justicia les da la razón, el proceso judicial perjudicará el contenido y, con ello, el tráfico de la página: “Si al final de los procesos tienen razón quienes inician los procesos, podríamos decir que no hay problema. Pero ¿qué pasa si no tienen razón?” El acusado se ve perjudicado por el proceso judicial y sus medidas cautelares no definitivas. Por culpa de ellas, sostiene Bertoni, el producto se ve perjudicado, por lo que pierde usuarios y gana competencia.

El abogado especialista en derecho informático Fernando Tomeo cree que esta denuncia marca una tendencia en la región: las compañías cinematográficas han tenido eco y las acciones políticas que buscan acabar con la piratería están teniendo cada vez más fuerza: “Esto afectará el funcionamiento de Cuevana, aunque no es posible aventurar su cierre definitivo dada la gran presión social que existe por parte de aquellos que defienden la libre circulación de contenidos en internet”.

Tomás Escobar, quien dice estar tranquilo y optimista, manifestó que la página va a seguir funcionando con normalidad y que solo la cerrará bajo una medida cautelar. Si la cierra, intuye que solo será en Argentina.

Escobar reconoce que otra de las amenazas que enfrenta su portal es el dinero: aunque no reveló la cifra exacta, dijo que los fondos privados que mantienen la página al aire no son muchos.

“Tiene que haber una forma de arreglar con los denunciantes y evitar el cierre de Cuevana, que es un servicio con una enorme demanda”, dijo Escobar. Sobre esto, el fiscal Sáez dijo: “En una causa penal es difícil llegar a un arreglo sobre cómo redefinir Cuevana. No es el objeto de una causa penal”.

Tomeo, que también es columnista del diario La Nación, dijo: “la ley de propiedad intelectual argentina es de 1933 y no da soluciones concretas a casos como los de Cuevana en el ámbito civil. Por eso los jueces deberán resolver la cuestión en caso de promoción de acciones de daños y perjuicios, aplicando las normas de responsabilidad civil que contempla el Código Civil argentino”.

La última palabra la tendrá el juez al que le asignen el caso. Tomeo dijo que quienes iniciaron la denuncia penal ante el fiscal le solicitaron el cese de operaciones de Cuevana. Pero eso no ha sido confirmado oficialmente. “El cierre solo lo podrá ordenar el juez que finalmente tome a su cargo la investigación”, dijo Tomeo.

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