Por estafa: Tres peruanos son duramente azotados en Bolivia

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Indígenas del altiplano boliviano decidieron no dejar circular por esa región a ciudadanos peruanos tras azotar el fin de semana a tres de ellos acusados de supuestas estafas con la venta de equipos, informó hoy un jefe policial.

El jefe de Homicidios de la ciudad de El Alto, mayor Osvaldo Fuentes, dijo hoy a los medios que la policía está preocupada por la decisión de la comunidad de impedir el tránsito de peruanos y de cualquier otra persona y vehículos que crean “sospechosos”.

La decisión fue tomada el domingo por las comunidades aimaras que viven cerca del lago Titicaca, compartido con Perú, después de que entregaran a la policía a tres personas de esa nacionalidad tras azotarles durante una asamblea.

Un fiscal acusó a los detenidos de estafar a campesinos y hoy fueron trasladados al pueblo andino de Achacachi, a 96 kilómetros de La Paz, donde un juez de medidas cautelares analizará su caso, indicó el mayor Fuentes.

Durante la asamblea del domingo, los campesinos pidieron linchar a los detenidos al haberlos capturado un día antes en otro supuesto intento de estafar con la venta de equipos y maquinarias.

Los acusados fueron azotados, humillados y obligados a exhibir ante los medios pancartas en las que decían que eran ladrones, al tiempo que insistían en que son comerciantes inocentes y fueron confundidos con otras personas.

Los indígenas amenazaron con aplicar en adelante lo que llaman “justicia comunitaria” que son los linchamientos contra quienes crean delincuentes y que son frecuentes en el área rural boliviana y en los barrios periféricos de La Paz y la ciudad vecina de El Alto.

El presidente Evo Morales consagró la justicia comunitaria en la Constitución de 2009, en la misma equivalencia de la ordinaria, y su Gobierno insiste en que los linchamientos no tienen nada que ver con ese sistema, aunque los indígenas dicen lo contrario y los aplican.

Desde el fin de semana, unos 2.300 militares se sumaron al control de la criminalidad en las calles en la cuatro ciudades más grandes de Bolivia, tras la demanda de la población de mayor seguridad y en medio de pedidos para que se apruebe la pena de muerte para asesinos y violadores que el Gobierno ya ha rechazado.

EFE

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