Hace no muchos años, las mujeres separadas no eran bien vistas en nuestro país. Especialmente en los sectores más conservadores, los fracasos matrimoniales eran rechazados o bien eran escondidos y, por lo mismo, reinaba el doble estándar. Matrimonios fracasados que mantenían las apariencias para no dar motivo de comentarios pero que, puertas adentro, llevaban cada uno su propia vida. Tal era el rechazo a las separaciones que incluso era normal que en colegios católicos los hijos de padres separados perdieran su matrícula. No existía el divorcio y, para poder volverse a casar, las parejas debían recurrir al ardid legal de la nulidad, esgrimiendo la invalidez del lazo legal porque se casaron en un Registro Civil que no correspondía a la comuna de alguno de los cónyuges. Es decir, un cúmulo de mentiras únicamente porque la sociedad condenaba algo tan natural como el término del amor en una pareja.
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Ha pasado el tiempo y esa realidad social ha cambiado. Lo que nos parece ahora una discriminación tan burda como absurda, antes era normal y nadie se atrevía a cuestionarla. Pero las sociedades evolucionan. Hoy nadie se atrevería a mirar en menos a una mujer separada, contamos con una ley de divorcio y jamás un niño perdería su matrícula porque sus padres pusieron fin al matrimonio.
¿En qué está hoy nuestra sociedad? Pues bien. El año 2004, una madre separada perdió la tuición de sus hijas porque la justicia consideró que la mujer, que había decidido asumir su condición de lesbiana, no tenía las competencias para criarlas. En ese entonces la Corte Suprema le entregó la tutela de las niñas al cuidado de su padre en razón de posibles discriminaciones que podían sufrir por el sólo hecho de vivir con una madre homosexual y su pareja. Incluso los magistrados en su voto de mayoría estimaron que, al vivir conforme a su condición lésbica, esta mujer antepuso sus propios intereses, postergando los de sus hijas. Es más. La Corte estimó que vivir en un hogar carente de una “figura masculina” y con una pareja conformada por dos mujeres podría generar a las niñas confusión de los roles sexuales. La afectada decidió llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que estimó que sus derechos fueron vulnerados.
Esta semana esa Corte internacional falló en contra del Estado de Chile por haber permitido que se produjera una discriminación de esta naturaleza. Dijo que el “Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación”, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Uno de los aspectos más interesantes de este fallo –y aquí la importancia del relato sobre cómo evoluciona nuestra sociedad- es que la Corte le exige a Chile que cambie la forma de proceder de los jueces y que entregue educación y capacitación a los funcionarios públicos para que nunca más se vuelva a repetir una discriminación basada en el prejuicio.
El fallo marca un antes y un después en la lucha por la no discriminación. Es interesante y bien vale la pena leerlo (se puede descargar de Internet y no tiene más de 100 páginas), porque no se mete al fondo del asunto sobre la crianza de las niñas. De hecho, la Corte sostiene que “no corresponde a este Tribunal determinar si la madre o el padre de las tres niñas ofrecían un mejor hogar para las mismas”, sino que aclara que no se puede prejuzgar el rol de madre sólo porque ella no es heterosexual.
Me atrevo a decir que este fallo sienta un precedente clave para una discusión que inevitablemente se dará en Chile en algún momento: si una pareja homosexual puede adoptar niños. De acuerdo a la Corte Internacional, no hay razón para creer que ellos deban ser discriminados de ese rol sólo porque ostentan una condición distinta a la tradicionalmente conocida.
El fallo apunta también a otra discusión clave. Se hace más necesaria que nunca una ley de no discriminación, que proteja no solamente a homosexuales sino a cualquier otra minoría que pueda marginar o excluir a alguien porque no se ajusta a los cánones que la mayoría tiene establecidos. Precisamente ahora que el país mira con horror cómo un joven fue brutalmente agredido por ser su condición gay, es que se vuelve imperioso contar con esa ley.
Y aunque la Corte Internacional no nos pide una regulación legal específica, sí nos ha dicho con claridad que no se puede segregar a otro porque sea diferente. Una lección que ojalá aprendamos luego. Karen Atala, la mujer lesbiana que fue discriminada, nunca podrá recuperar los años perdidos con sus hijas. Daniel Zamudio, el joven gay torturado, se debate entre la vida y la muerte y no sabemos si podrá recuperarse. Que no surja otro caso que nos haga sentir aún más horror. Cuando haya pasado el tiempo, miraremos con vergüenza estos episodios, tal como hoy miramos aquellos años en que discriminábamos a dos personas por el simple hecho de haberse separado.