Gobierno nuevamente desmiente participación en comisión investigadora del 27/F

Por UPI

El ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, descartó este viernes algún tipo de intervención o participación en el trabajo que lleva a cabo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados respecto de las responsabilidades en el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.

“El Gobierno quiere señalar que no ha habido participación alguna del Gobierno en la investigación llevada por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Lo que sí hay es el interés del Gobierno porque se conozca la verdad y por consiguiente, por ese interés tan significativo para Chile y para las víctimas el Gobierno sigue con especial atención y preocupación la investigación que se está llevando en la Cámara de Diputados”, recalcó.

Esto luego que parlamentarios apuntaran al Ejecutivo como parte de una especie de arremetida contra la ex Presidenta Michelle Bachelet al revelarse en la comisión un video donde habrían nuevos detalles sobre lo acontecido la noche del terremoto y ante la fallida alerta de tsunami.

“La ley es igual para todos los chilenos y para todas las chilenas y ése es un principio básico y fundamental de nuestra democracia, por consiguiente todos debemos cumplir con nuestros deberes tanto legales como constitucionales y someternos en igualdad de condiciones a la ley chilena”, enfatizó Chadwick.

En este sentido agregó que esto significa “en este momento: en primer lugar, que la Cámara de Diputados tiene el legítimo derecho y el deber de fiscalizar y trabajar para encontrar la verdad y la plena transparencia en todo lo que ocurrió en aquella trágica noche del 27 de febrero”.

“En segundo lugar, que el país y muy especialmente las víctimas tienen el legítimo derecho de poder conocer toda la verdad hasta sus últimos detalles de lo que ocurrió la noche del 27 de febrero”, agregó.

Finalmente añadió que “en tercer lugar, que todos quienes tenemos el cargo de autoridad, como corresponde en democracia, estamos sometidos a la responsabilidad de nuestros actos públicos y nadie está exento de responder por los actos que pueden ser propios de su investidura, propios de su autoridad y propios de su responsabilidad”.

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