Columna de Juan Manuel Astorga: "Golpe de corriente"

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Cuando el empresario Horst Paulmann anunció el 2009 que suspendía indefinidamente la construcción de la gigantesca torre del Costanera Center, cuyas obras ya habían empezado, su determinación se convirtió en el símbolo más emblemático de la crisis financiera que golpeaba al mundo. Pero también se interpretó como una presión hacia las autoridades de la época, a fin de que tomaran todas las medidas necesarias para garantizar que Chile no se vería afectado por las turbulencias internacionales. A más de alguno le habrá venido el recuerdo de ese episodio tras el anuncio hecho esta semana por la empresa Colbún, que recomendó suspender un trámite clave para la construcción de la central HidroAysén. Sus argumentos no difieren mucho que los esgrimidos por el empresario alemán en su momento: que era necesario una política clara antes de seguir el rumbo.

Aún cuando las historias del Costanera center e HidroAysén pueden parecerse en la forma, en el fondo son muy diferentes. Sin duda la de Colbún es mucho más potente y sus efectos pueden ser más gravitantes. ¿Por qué? Vale primero explicar que Colbún tiene el 49% de la sociedad del proyecto hidroeléctrico que se planea construir en la Patagonia. Endesa tiene el 51% restante. La primera resolvió recomendar al interior del directorio de HidroAysén suspender indefinidamente la tramitación ambiental de la línea de transmisión del mayor proyecto eléctrico que se desarrollará en el país. Esa línea permitiría a las centrales en carpeta inyectar energía al Sistema Interconectado Central. Su determinación se basa en que no estarían dadas las condiciones necesarias para embarcarse en un proyecto de tal magnitud. ¿Cuál es su argumento? Que no existe una política que cuente con consenso y que aclare cuál es la matriz energética que el país requiere.

Aunque la postura de Colbún, que tiene que ser ratificada primero por el directorio de HidroAysén, se viste de argumentos técnicos, es en realidad una muy clara decisión política. Lo que ha hecho, en el fondo, es llamar a tener de una buena vez un debate sobre los riesgos y amenazas que significa postergar las definiciones de fondo en materia de energía. 

Aunque algunos apurados ecologistas comentaron que lo que Colbún estaba diciendo implícitamente era que se podría salir del negocio, en realidad esa lectura es equivocada. Es cierto que el proyecto les ha salido hasta ahora mucho más caro de lo calculado e incluso se ha especulado sobre la necesidad de buscar nuevos socios. Pero su postura no es la de pretender retirarse, porque en ese caso habría anunciado que estaba dispuesto a vender su participación en la obra y no pedir suspenderla. Más bien está pidiendo a gritos poder avanzar sin tantas trabas en el proyecto. 

Aunque puede leerse un poco técnico, cuando Colbún comunicó su decisión a la Superintendencia de Valores, dijo explícitamente que uno de los requisitos básicos para poder desarrollar un megaproyecto como el de HidroAysén, es contar con un consenso tanto en los poderes Ejecutivo como Legislativo para realizar “los cambios institucionales y regulatorios necesarios para viabilizar los proyectos de generación y transmisión que demanda el de­sa­rrollo económico y social de Chile”. Imposible más político su argumento.

En privado, un ejecutivo de Colbún le comentó a este columnista que, habiendo pasado incluso las aprobaciones de la Corte Suprema, este proyecto –que sigue generando un marcado rechazo social– vive en la permanente incertidumbre porque la política parece estar supeditada a lo que ocurra en las calles.

El Presidente Sebastián Piñera prometió en campaña una nueva política energética, la renovación de la matriz energética y políticas que incentiven la generación de nuevas inversiones. Hasta ahora, mucho de eso ha costado que se concrete. No se puede negar que hay marcadas dificultades para desarrollar proyectos energéticos debido a la falta de inversión y esa ausencia de inversiones se debe, en cierta medida, a la carencia de claridad sobre si el proyecto llegará a concretarse. Ya lo vivió la central termoeléctrica de Barrancones hace un par de años. Había cumplido con todo lo exigido en la ley, pero una protesta social canceló su construcción en Punta de Choros. 

No queremos a HidroAysén por invasiva en la Patagonia. Tampoco las termoeléctricas y no hay reales incentivos para generar electricidad con energías solar, del mar, volcánica o del viento. Frente a ese escenario de inmovilidad que critica Colbún, nos encontramos con la paradoja de que nuestra matriz energética está conformada en un 70 por ciento de carbón, gas y petróleo. Tenemos que importar más del 98 por ciento de nuestros combustibles, con la inestabilidad que ello significa, y la mayoría de esos insumos son contaminantes, a pesar de que incluso asumimos un compromiso internacional de reducir nuestra huella de carbono para combatir los efectos del cambio climático. Para colmo, es una energía cara. Se hace difícil poder avanzar en el tema si hemos tenido ya cinco ministros de energía en 2 años y, en cambio, una nula planificación estratégica. 

Llegó la hora de iluminarnos y debatir en serio. Colbún, que junto a su socio Endesa y Gener, es uno de los integrantes del oligopolio que controla el Sistema Interconectado Central, es paradojalmente el que ha puesto el grito en el cielo. Y, aunque su decisión puede ser leída como un berrinche o como una presión indebida que incomode a muchos, ha emplazado a la autoridad para que tome definiciones. El camino que escoja, si es que lo hace, marcará el rumbo de HidroAysén. 

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