Pareja de ancianos y dos niños son las nuevas víctimas del conflicto en La Araucanía

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Nuevamente personas inocentes resultaron ser víctimas de los conflictos de entre comunidades mapuches y personal de Carabineros en La Araucanía.

Durante las últimas jornadas una niña y un joven mapuche fueron heridos, tras el desalojo de los fundos que comuneros había ocupado en el sector de Ercilla. La menor de 12 años identificada como Fernanda Marillán, resultó herida con perdigones en la espalda y las piernas, y de Jacinto Marín, de 17 años, quien recibió ochos perdigones en la sien izquierda y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de Angol, donde fue operado.

Mientras que un grupo de encapuchados ingreso a la parcela de una pareja de ancianos discapacitados amenazándolos e incendiando todo a tu paso. Los antisociales destruyeron toda la vivienda de los propietarios.

En tanto, La Moneda anunció un Plan Especial de Seguridad para La Araucanía, luego de una cumbre en la que participaron autoridades de Gobierno, incluso estuvo un rato el propio Presidente Sebastián Piñera, las máximas autoridades policiales y del Ministerio Público y representantes regionales.
 

“Se continuará a la mayor velocidad la conformación del Área de Desarrollo Indígena en las localidades de Ercilla y Collipulli, anhelada por las comunidades que buscan que los organismos de la administración del Estado focalicen su acción en beneficio de un desarrollo armónico de la zona”, fue la primera medida anunciada por el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter.

“Carabineros y la PDI incrementarán sus dotaciones regionales a modo de quedar en condiciones para brindar una respuesta adecuada a los desafíos que está imponiendo el actual clima de violencia” es la segunda medida, seguida de la decisión de que “Carabineros ha dispuesto el traslado y uso de tecnología de última generación, de vehículos debidamente habilitados y de equipamiento adecuado para enfrentar la violencia con plena coordinación y mas eficaces tácticas operativas. Se incrementará la capacidad de observación y detección a distancia, se intensificará el control vehicular en la zona y se pondrá particular énfasis en la recopilación de pruebas que acompañen las investigaciones de los fiscales”.

En cuarto lugar “se establecerá una instancia regional conjunta de Carabineros y la PDI, en la que se compartirá de modo permanente la información a la que se haya accedido en cada investigación y se fortalecerá el trabajo de sus grupos de inteligencia, y también como quinta medida “se instalará una subcomisaría en la localidad de Pidima, comuna de Ercilla, y un retén en las cercanías de esa localidad”.

Como sexta iniciativa se establece que “con el objeto de instar a una estricta aplicación de la Ley Penal y lograr el efectivo esclarecimiento de los distintos crímenes, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de la Intendencia Regional procederá a la formación de una Unidad Permanente y Especializada de abogados para el seguimiento de las querellas criminales. Esta unidad tendrá dedicación exclusiva sobre acciones judiciales violentistas ocurridas en la Región. EL jefe de dicha unidad tendrá contacto directo y permanente con el Intendente Regional y el Subsecretario del Interior”.

La séptima medida es que “se dispone información de que existen múltiples medidas cautelares personales, entre ellas el arresto domiciliario total o nocturno, decretadas por los tribunales de justicia, cuyo cumplimiento no está siendo verificado con la acuciosidad exigida. Se elaborará una estrategia particular, incluyendo pero no limitando el incremento del control de estas medidas, para que estas se cumplan en la forma y fondo que ha establecido el respectivo tribunal”.

La octava establece que “el Ministerio del Interior y Seguridad Pública enviará a la región un equipo multidisciplinario para evaluar ayuda y asistencia a víctimas de los atentados que han quedado en una situación de absoluta vulnerabilidad material o sicológica”.

Finalmente “se convocará a una comisión de alto nivel, transversal y especializada para que asesore al Ministerio del interior y Seguridad Pública en la evaluación de enmiendas legales que permitan brindar eficacia concreta a la institución del testigo protegido, en un marco de completo respeto al debido proceso”.

A excepción de esta última medida, las otras ocho de implementarán en un plazo no superior a 30 días.

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