Es muy cierto eso de que “el hombre es un animal de costumbres”. Reacio al cambio frente a lo ya establecido, prefiere evitar que le modifiquen sus normas, especialmente cuando se siente cómodo con ellas. Sin embargo, no es menos cierto también que es inherente a la condición humana que la evolución ha sido propia del desarrollo de nuestras sociedades. Dicho en simple, aunque muchas veces no nos gusta que nos cambien las cosas, tantas otras nos hemos visto necesitados a hacerlo. Ni hablar de cuando el cambio se vuelve imperioso. Aunque por uso y costumbre estemos habituados a una forma de vida, la realidad nos empuja a reformar normas, hábitos y conductas.
Defendido a ultranza por la centro-derecha chilena, nuestro actual sistema político se ha mantenido en su esencia prácticamente igual desde el retorno de la democracia. La Constitución de 1980, redactada en dictadura por juristas designados por el gobierno militar, ha sido permanentemente puesta en tela de juicio por diversos sectores. La consideran sino poco democrática, derechamente ilegítima, porque fue validada en un plebiscito que tuvo lugar en tiempos en que muchos chilenos no podían votar y tantos otros vivían en el exilio. La oposición a ese régimen no tuvo real posibilidad de debatir en los medios su postura contraria a esa nueva carta magna.
Aunque la Concertación le introdujo modificaciones a una Constitución que no le gustaba, estas no fueron sustantivas. En parte porque no contaba con los votos suficientes en el Congreso, pero en buena medida también porque no le resultó tan incómodo como imaginaba en un principio gobernar con las normas heredadas por Augusto Pinochet. En esto no hay que confundirse: hubo intentos por hacer cambios, pero en la práctica fueron exiguos. Incluso el propio ex presidente Ricardo Lagos, el único de los gobernantes desde 1990 a la fecha que pudo introducirle modificaciones a la carta fundamental, reconoce que la Constitución necesita ajustes mayores a los que él consiguió realizarle.
A nuestra clase política le está costando un mundo ponerse de acuerdo en los debates. La reforma tributaria es el último de una lista muy larga de ejemplos que confirman la falta de capacidad para arribar a consensos que respondan en serio a las renovadas necesidades que la sociedad reclama. Por lo mismo, si en temas puntuales la cosa se les hace cuesta arriba, en cuestiones de fondo podrían tardar años para afinar una misma mirada del país que queremos seguir construyendo. Ese mismo Chile que demanda mayor inclusión y equidad.
Ya no basta una ley por aquí, un decreto por allá, y un par de nuevos anuncios. Sería ciego y egoísta desconocer que el ciudadano ruega por construir una sociedad más igualitaria. La Constitución del 80, que históricamente se ha vendido como garante de la estabilidad que imperó en el Chile post dictadura, hoy es más bien sinónimo de inmovilismo. Allí donde se deben garantizar los derechos de todos, hoy se interpreta como un texto legal que asegura sólo los de algunos. Y allí donde se deben exigir los deberes de todos, a veces pareciera que esas normas sólo las deben respetar unos pero no otros. ¿Llegó el momento de discutir si esta es la Constitución que queremos? Parece que sí. ¿Quiere nuestra clase política hacerlo? Parece que no.
Desde hace algún tiempo, distintos movimientos ciudadanos de diverso color político pero con un mismo norte han venido planteando la idea de convocar a una asamblea constituyente con la cual se redacte una nueva carta fundamental. Aunque el tema es complejo, el propósito sería incluir una cuarta urna en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias para preguntarle a los electores si quieren modificar la Constitución. La cosa no es nada fácil. Nuestro actual ordenamiento jurídico no permite la convocatoria a plebiscitos, por lo que, para preguntar por una modificación a la actual Constitución, lo primero que habría que hacer es… modificarla. Toda una paradoja. Ya hay al menos un par de proyectos que se están redactando para proponerle al Congreso que agregue un artículo transitorio a la Constitución y que permita hacer el plebiscito.
Aunque aparece como remoto y lejano, si esa realidad se materializara, la asamblea constituyente sería conformada por ciudadanos, elegidos por otros ciudadanos, que trabajarían en la misión de darle forma a la organización política y jurídica de la nación, o sea, una nueva Constitución.
Desde ya la idea ha sido rechazada. Pero no sólo por la Alianza por Chile, que considera que se exagera al culpar a la carta magna de los actuales problemas sociales. La idea tampoco ha generado empatía en sectores dentro de la Concertación. ¿Por qué? Porque allanar el camino para que sea una asamblea la que redacte una nueva Constitución sería como ningunear el trabajo del Parlamento.
Para deslegitimar la propuesta, no pocos se han encargado de comparar la iniciativa con las asambleas implementadas en Bolivia o Venezuela, descalificando de paso a sus gobiernos y ciudadanos por el camino elegido para redactar un nuevo cuerpo legal. Una crítica que, dicho sea de paso, además de ofensiva, se entromete en decisiones internas y soberanas de otros países. Seguramente no nos gustaría que políticos de otros países comentaran de la misma forma los caminos que elijamos nosotros. En fin.
Las asambleas constituyentes existen hace siglos. La primera tuvo lugar en 1789 en Francia, mismo país que nos ha inspirado en muchas consideraciones legislativas.
Las asambleas no son prerrogativa exclusiva de la izquierda en el mundo. En Colombia, fue un gobierno de derecha el que convocó a un plebiscito para preguntar por un cambio en su Constitución. Y así como lo han hecho Venezuela y Bolivia, también han recurrido a la misma fórmula naciones tan distintas como México, Perú, España y Ecuador.
Sería simplista decir que una asamblea constituyente es la solución que Chile necesita. Pero sería aún más reduccionista y hasta obcecado negarse siquiera a debatir si éste es el camino que nos toca recorrer. Aunque el cambio nos cueste y hasta nos duela, parece que llegó el momento de hacerlo.
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