Opinión Juan Manuel Astorga Conductor y editor de radio duna. Todos los viernes en Publimetro.
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Las desafortunadas palabras del alcalde de Independencia, Antonio Garrido, quien en una entrevista con la periodista de canal 13, Carolina Urrejola, le dijo que se la “iba a llevar el cuco” y que “no es una periodista muy simpática”, podría haberse quedado en el anecdotario de los chascarros políticos criollos. Salvo, claro, por un hecho no menor: la profesional lo estaba entrevistando por la polémica que suscitó su particular “campaña contra la pobreza” en la comuna, de regalar mil pesos a personas que hacen fila para recibirlos. Mientras algunos defienden su política, como el presidente de su partido, el RN Carlos Larraín, otros han cuestionado sus verdaderas intenciones, porque todo esto ocurre a dos meses de las elecciones municipales, donde el edil busca repostularse.
Aunque una luca extra puede hacer mucha diferencia para alguien indigente y necesitado, la peculiar forma de efectuar esta “entrega de bonos” por parte del alcalde, además de colindar con lo denigrante, somete a los pobres otra vez a la utilización política. Un episodio más donde el que menos tiene es siempre el que más pierde, aunque en el proceso se lleve mil pesos. No es, sin embargo, el único incidente que tiene a los necesitados como mudos protagonistas de sucesos de los que seguramente no quisieran ser partícipes.
La controversia declarada a partir de la metodología utilizada para medir la pobreza en la encuesta de Caracterización socioeconómica, Casen, confirma esta preocupante tendencia. Encumbrados desde una superioridad moral francamente vergonzosa y sin ningún pudor, no han sido pocos los personajes de la política chilena que se han llenado la boca esta semana discurseando sobre los pobres e indigentes. Hablando desde un púlpito de supremacía, actuales y ex autoridades de éste y de gobiernos anteriores han desatado una guerra sobre la manera en que se ha implementado el sondeo. En la pasada, han puesto en duda sus resultados.
Disfrazados de debate “técnico”, los cuestionamientos políticos apuntan a la metodología, a cuán comparables son las preguntas de la última Casen respecto de la anterior, a cuál es realmente el margen de error del sondeo y a si la forma de contar a los pobres debe o no ser cambiada. Mientras se da este debate -que no discuto puede tener mucho de legítimo- las personas de las que se habla viven sus propios problemas, los reales. Esos que, se supone, autoridades edilicias o de Gobierno con encuesta en mano deben resolverles.
Según los datos de la misma Casen, la pobreza se ha mantenido entre un 13% y un 15% en los últimos 6 años. Pero si nos detenemos a mirar los estudios longitudinales, nos damos cuenta que no son necesariamente las mismas personas las que se han mantenido en la pobreza, sino que alrededor de un 35% de la población ha sido pobre en algún momento en un período de 10 años. Es decir, hay gente que entra y sale de la pobreza y sólo un pequeño grupo se mantiene, lo que se llama la pobreza dura. No es de esto, claro, de lo que discuten nuestras autoridades.
Los programas sociales sólo se enfocan en el primer quintil de la población e incluso a veces en primer decil, vale decir, en el 20% o en el 10% más pobre de los chilenos. Prácticamente no existen programas para el segundo quintil de ingresos y por eso todos luchan por obtener menos de 8.500 puntos en la Ficha de Protección Social. Si aparecen mejor aspectados en esa ficha, pierden beneficios. Lo planteo de forma aún más simple y evidente: en Chile pareciera que es necesario esperar a que las familias caigan en la pobreza para salir a apoyarlas. ¿Cómo se acompaña a quienes salen de la pobreza para evitar que vuelvan a caer en ella? Ojalá fuera esa la discusión. Pero no.
Es sabido que la focalización de las políticas sociales ha tenido un alto costo sicosocial. Muchas personas tienen la percepción de que a medida que salen adelante, pierden el apoyo del Estado, que se les “castiga” por su esfuerzo. Otros declaran que prefieren no nivelar estudios o formalizar su trabajo para no perder beneficios, ya que esto les subiría su puntaje. ¿Cómo evitar que los programas sociales inhiban el esfuerzo individual? ¿La política de entregar bonos está generando más dependencia? Nadie responde a estas preguntas porque la pelea chica está en otra parte.
En un estudio realizado el año pasado por la Corporación de Dirigentes ”También Somos Chilenos”, se detectó que el 78% de las familias de campamentos nunca ha estado en el programa “Chile Solidario”. Aunque se espera que parte de esta realidad cambie con las modificaciones que se le están haciendo a la Ficha de Protección Social, es muy probable que aún así muchas familias en situación de pobreza vayan a quedar fuera de este programa. Vale preguntarse entonces si están teniendo los programas sociales la cobertura suficiente y si no sería necesaria más inversión social para no dejar fuera de los programas a personas que los necesiten. ¿Estamos hablando de esto en Chile? Tampoco.
La misma Corporación de Dirigentes ha denunciado malas prácticas de municipios como el de La Pintana, que le negó a pobladores de campamentos la aplicación de la Ficha de Protección Social, teniendo que intervenir la Seremía de Desarrollo Social para presionar al municipio y ofrecer encuestar directamente a las familias en caso de incumplimiento. A esto se suman otros problemas: la aplicación de la Ficha es muy costosa y los recursos entregados desde el nivel central no son suficientes para los municipios más pobres. En algunos casos existe burocracia, dificultad en la gestión y la percepción en los usuarios de que les están haciendo un favor, cuando en realidad es un derecho. Agreguemos a eso que se han conocido denuncias contra autoridades comunales que se han aprovechado del sistema para acceder a beneficios que al menos éticamente no les corresponden. ¿Estamos evaluando realmente el rol de las municipalidades en la gestión de políticas sociales? Parece que no. Si es razonable que sean los municipios los que gestionen la aplicación de la Ficha de Protección Social o que esta labor pase directamente a nivel ministerial tampoco es una materia por la que estén debatiendo nuestras autoridades.
Podría seguir, pero ¿para qué? El caso está expuesto y las pruebas sobran. El debate transita por un lado y el problema por el otro. Puede ser razonable discutir de metodologías con aire a tecnicismo, pero inevitablemente ese debate lleva el olor, color y sabor de una cazuela hecha por políticos y para los políticos. Adivine quién se come la presa, la papa y el zapallo y a quién le dejan el puro caldo. Es cierto que sería arbitrario no darle el beneficio de la duda a un alcalde que quizás motivado por sus convicciones morales o religiosas regala plata de su sueldo a los pobres. Pero sería injusto también no decir que en épocas de campaña, ese acto está reñido con lo ético y tampoco soluciona el problema de fondo. El verdadero cuco está precisamente entre quienes tienen que hacerse cargo en forma de los pobres y no lo están haciendo. Lo otro es discusión de altas esferas que visten mucho, pero arropan poco.
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