Denuncian presunto acoso laboral en servicio del Ministerio del Interior

Por UPI

El presidente de la Federación de Funcionarios del Ministerio del Interior, Marcos Dinamarca, presentó este jueves una solicitud ante la Contraloría General de la República, para que investigue las denuncias de presunto acoso laboral que afecta a Carolina Pizarro Romero, por parte de la directora regional del Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), de Arica y Parinacota, Paula Bravo.

“La directora regional de Senda, de Arica y Parinacota, Paula Bravo, acosó hasta el despido y de forma sistemática a la secretaria debido a que fue contratada en el gobierno anterior. Bajo el argumento que el puesto no está dentro de las políticas del gobierno actual, que no era de su confianza política, que no cumplía con el perfil de los funcionarios que ella requiere, le exigió que dejara su cargo”, comentó el dirigente.

Dinamarca explicó también que hace un tiempo presentaron todos los antecedentes del caso a Francisca Florenzado Valdés, directora nacional del Senda, sin embargo, dijo, “las presiones se incrementaron los últimos meses y no se respetaron los procedimientos que se deben aplicar para estos casos, lo que significó que tanto la funcionaria como el jefe de Administración y Finanzas de la entidad, que avaló la reclamación de Carolina Pizarro, fueran despedidos”.

Asimismo, dijo que Carolina Pizarro ingresó al servicio por concurso público hace varios años, primero como secretaria del Conace y luego, del Senda. Al respecto, el dirigente señaló que “es muy grave que una funcionaria que ganó su puesto de manera transparente, sea despedida por una supuesta incompatibilidad política con Paula Bravo, directora regional del servicio”, precisó.

“Lo más lamentable -añadió- es que a más de dos años de este gobierno se mantengan las prácticas por discriminación política. Siempre se dijo que en las anteriores administraciones todo lo controlaban los operadores políticos, por eso, ahora presionan a los funcionarios antiguos, secretarias, personal administrativo e incluso, a funcionarios de carrera”.

En su opinión, no se ha logrado entender que los empleados públicos están a favor del Estado y no del gobierno de turno.

“Lamentablemente esta práctica también se ha extendido a las organizaciones sindicales de la administración pública, eso es aún más grave. Ninguna ley señala que un funcionario no puede tener una posición política, no es razón para despedir. Lo que se ha avanzado hoy en las leyes de discriminación, se debe extender para eliminar estas prácticas nefastas”, precisó.

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