Pocas frases resultan más odiosas que “te lo dije”. Pero por antipática que suene, casi siempre es certera. En el caso del proceso de licitación del litio, imposible más acertada. Hace una semana, en estas mismas páginas, comentamos los riesgos políticos de realizar un procedimiento de venta de este mineral de la forma en que el Gobierno lo estaba llevando adelante. Ya sabemos cómo terminó todo, de la peor forma posible.
Vamos por parte. El litio no se puede entregar en concesión debido a que desde 1979 hay una ley que lo impide. Para que un privado pueda explotarlo existen dos caminos: eliminar esa legislación, cuya existencia pretendía protegerlo en esos años frente a un posible uso militar -algo que hace tiempo fue desechado y por lo mismo no tiene sentido alguno mantener- o bien, hacerlo mediante un intrincado contrato especial de operación. Esta segunda fórmula es legal pero evade la discusión sobre qué tan estratégico es para Chile en términos económicos. Considerando que una parte sustantiva de nuestras exportaciones se basa en nuestros minerales, ese debate parece necesario. Más si se considera que la demanda de litio está en auge y su uso se duplicará en la próxima década.
El actual Gobierno se inclinó por vender parte del litio mediante estos contratos, lo que de por sí provocó el rechazo de la oposición, que insiste en deliberar primero sobre si derogar o no la ley vigente desde fines de los años 70.
Pero el tema se complejizó aún más. Entre los pocos operadores del litio en Chile y, por lo tanto, con posibilidades de adjudicarse la licitación, figuraba la empresa Soquimich, SQM, cuyo vicepresidente ejecutivo es Patricio de Solminihac, hermano del ministro de Minería, Hernán de Solminihac. Debido al evidente conflicto de intereses de la autoridad, ésta debía marginarse de todo el proceso. Así lo hizo.
Tal como se especulaba, se convocó a la licitación y Soquimich se adjudicó la explotación del litio, al haber hecho la mejor propuesta económica. Sin embargo, una cláusula del proceso licitatorio decía expresamente que no podían participar de él empresas que mantuviesen litigios pendientes con el Estado y era sabido que SQM los tenía. La empresa que hizo la segunda mejor oferta, Li Energy, reclamó ante las autoridades por lo viciado del proceso y, una semana más tarde, este fue anulado completamente. Raya para la suma, el escándalo derivó en la renuncia del subsecretario de Minería, Pablo Wagner, funcionario que lideró el trámite de la subasta ante la marginación del ministro. Asumía así el error de no haberse dado cuenta de un hecho obvio.
Se instalan a partir de este momento múltiples preguntas que, hasta hoy, él no ha podido responder con la nitidez que un caso tan delicado requiere.
El primero y probablemente el más importante de todos los cuestionamientos es por qué se optó por un contrato especial y no por el debate parlamentario. La respuesta que se esgrimió desde La Moneda es que esto habría paralizado el proceso porque las posiciones al interior del Congreso son antagónicas. Prefirió saltarse entonces al Poder Legislativo. Una postura peligrosa y de doble estándar, porque termina por darle la razón a quienes proponen tener una Asamblea Constituyente, lo que para el mismo Gobierno sería contar con un órgano que esquiva al Congreso.
Hay varios otros aspectos que hacen de éste un caso delicadamente inquietante. Dado que el ministro tenía un conflicto de intereses y por ley debió marginarse, lo que se esperaba era que el Gobierno se hubiese esmerado en hacer de este un proceso particularmente impecable, para liberarse de cualquier crítica posterior. ¿Falló la venta porque la autoridad responsable de supervisarla no estuvo presente? Es probable. Sigue estando en duda, además, la forma en que se inhabilitó. Lo hizo derivando el proceso al subsecretario, cuando la ley indicaría que debió traspasar el tema a su superior jerárquico.
Hubo poco cuidado en las formas. En un gobierno donde el tema de los conflictos de intereses ha puesto contra las cuerdas al Presidente Piñera y a varios de sus ministros, era justo aquí donde debieron aplicar prolijidad. Y más todavía si la sociedad que gana la licitación forma parte del grupo de empresas privatizadas durante la dictadura, traspasos que se hicieron de forma opaca y que por ley no se pueden investigar.
Soquimich tampoco se salva de los cuestionamientos. ¿Por qué hizo una propuesta en el negocio sabiendo de sus litigios? No está claro si mintió u omitió información, pero lo que sí es evidente es que si el proceso se repite, tendrá que solucionar primero sus temas pendientes con el fisco. Demás está decir que, de volver a participar, el ministro deberá inhabilitarse de nuevo.
Sigamos. Si la legalidad de la licitación ha sido puesta en duda, ni hablar de la anulación del mismo proceso. No se sabe por qué no se le adjudicó el litio a Li Minerals, la segunda empresa oferente. Se sospecha que esta compañía conocía de los juicios entre SQM y el Estado y que, por lo mismo, hizo una oferta muy baja. Si Soquimich se adjudicaba el litio, el proceso sería anulado y les habría correspondido a ellos quedarse con la torta. ¿Será esa la razón por la cual el Ejecutivo optó por anular todo?
De principio a fin, todo se hizo mal. Es muy poco presentable que un gobierno cometa un error de esta magnitud. Si un cliente pide un crédito en un banco, un comité estudia todos sus papeles antes de decidir si le presta la plata. Ojalá nuestras autoridades fueran igualmente cuidadosas con los recursos que son de todos. Y ojalá pusiera ojo y oído a la opinión del resto. De lo contrario, volveremos a vivir otra profecía autocumplida.
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